La orden de prisión preventiva contra los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, sorprendió a muchos, principalmente a la clase empresarial y su dirigencia, la que no dudó en condenar las malas prácticas de "unos pocos", pero también reconociendo que este tipo de hechos son un llamado de atención para mejorar los estándares éticos de todas las instituciones.
Para Alfonso Swett, socio de Forus y consejero de la Sofofa, el que cualquier indicio de corrupción sea sancionado en forma fuerte, ejemplar y pública es "bueno para el país". "Aquí hay personas involucradas del sector privado, pero también del público, como del Servicio de Impuestos Internos, un ex subsecretario y políticos". No obstante, enfatizó que no porque haya un mal ciudadano, una nación completa sea mala, y lo mismo aplica en el caso de los empresarios.
Por su parte, el actual consejero y candidato a la presidencia de Sofofa, Andrés Navarro, también se refirió a la resolución sumándose a la declaración de la entidad gremial, que condenó los hechos por dañar la confianza pública.
El socio y CEO de Sky Airline, Holger Paulmann también fue tajante en su juicio. "Está bien que sean sancionadas estas cosas, para que paren las malas prácticas, y que los empresarios que no cumplen, vayan desapareciendo del mapa".
Por su parte, el socio de empresas Armas, Cristián Armas agregó que es importante que hacia adelante las empresas se "autorregulen, no sólo porque lo dice la ley, sino porque son parte de una sociedad".
También de cara al futuro, Felipe Sandoval, presidente de SalmonChile, dice que es partidario de que sean más duras las sanciones por delitos económicos, pero junto con ello, las empresas debieran "potenciar sus códigos de ética".
Misma opinión es la del vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras, René Muga, para quien este caso lleva a pensar en "mejorar nuestras políticas y estándares éticos y de cumplimiento. Esto es un llamado de atención importante para el funcionamiento de todas nuestras instituciones", dijo.
Asimismo, el director de Latam Airlines, Gerardo Jofré se refirió a las medidas a adoptar para retomar las confianzas y señaló que "el empresariado tiene que entender que está en un mundo con connotaciones políticas y de imagen, por lo que tiene que comprometerse más con sus organizaciones gremiales. Estas últimas también tienen que hacer labores de difusión del sentido que tiene la la labor empresarial".
Medidas exageradas
Con todo, también algunos de los encuestados criticaron las medidas cautelares, entre ellos el mismo Jofré quien dijo que se trata de una medida "efectista" por cuanto todavía no se han probado los delitos".
Oficialismo urge acelerar cambios para regular política y negocios
POR VÍCTOR HUGO MORENO
Luego de la resolución del magistrado del 8° Juzgado de Garantía, Juan Manuel Escobar, quien dictaminó la medida cautelar de prisión preventiva para seis de los formalizados por el Caso Penta, desde la Alianza se levantaron duras críticas respecto a la "parcialidad política", con la cual estaría actuando la Fiscalía, en particular el fiscal Carlos Gajardo. Del otro lado, la Nueva Mayoría se pretende desmarcar y centrar, desde ahora, el foco en la agenda de reformas a la relación entre política y negocios.
En esa línea, el presidente del PS, diputado Osvaldo Andrade, expresó que más que una prioridad legislativa, esta reforma debe transformarse en "la quinta reforma estructural del gobierno", tras la tributaria, educacional, constitucional y laboral. "Se ha instalado la quinta reforma estructural, no cabe duda. La ciudadanía la ha impuesto con rudeza. No es posible desatender este requerimiento de la gente, no podemos correr el riesgo que incredulidad y la desconfianza se expresen en la próximas contiendas electorales", dijo.
El timonel del PC, diputado Guillermo Teillier, señaló que hay una gran oportunidad para avanzar en los cambios profundos que se requieren en la relación política-negocios: "se abre una brecha para cambiar la institucionalidad en todo aquello que sea necesario". En tanto, el jefe de la bancada de diputados del PPD, Jorge Tarud, estimó que no es momento de opinar sobre el actuar de la justicia, sino que de hacerse cargo del grave problema por el cual está pasando hoy la clase política. "Si nos prestamos para que los temas judiciales se politicen estamos por un muy mal camino", expresó.
Por su parte, el gobierno viene tomando nota desde hace semanas sobre lo complejo del escenario, sobre todo tras el estallido del Caso Caval, que caló hondo en Palacio. Así, la mandataria tras el consejo de gabinete que lideró el sábado volvió a señalar su compromiso, apuntando a la demanda de la ciudadanía que exige estándares éticos más elevados. Ayer, el vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, también enfatizó en esa idea, y no quiso entrar en polémica con la derecha, pues argumentó que las decisiones judiciales no se comentan.
Dentro de ese sentido de urgencia, se espera que esta semana la presidenta nombre a los inte- grantes del consejo asesor que se comprometió a crear.
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