El gobierno puso el pie en el acelerador para transformar en el corto plazo a la Caja de Ahorro de Empleados Públicos (CAEP) en una cooperativa de ahorro y crédito.
A través del Ministerio de Justicia, decidió asesorar al gobierno corporativo de la entidad estableciendo una comisión asesora encabezada por la excoordinadora de Estudios y Políticas Sociales del Ministerio de Hacienda, Paula Benavides; el exdiputado UDI, Edmundo Eluchans, y el exsubsecretario de Obras Públicas, Clemente Pérez.
El grupo trabaja desde hace varios meses asesorando a la administración de la Caja, teniendo como principal objetivo transformar a la entidad en una cooperativa de modo de que pueda ser supervisada por el Ministerio de Economía.
Sobre esto último, indican fuentes conocedoras del proceso, otorgaría mayores exigencias regulatorias y evitar así que los fondos de la Caja sean mal utilizados.
Cabe mencionar que la Caja de Ahorro de Empleados Públicos es una corporación sin fines de lucro cuyo objetivo es entregar beneficios sociales a sus imponentes (cerca de 26.000), principalmente empleados públicos y miembros de las fuerzas armadas.
Al ser una corporación de derecho privado, se relaciona con el Ministerio de Justicia, entidad con la que tuvo diversas disputas judiciales relacionadas con su fiscalización y que fueron zanjadas finalmente en 2017 por la Corte Suprema.
Lo que precipitó la intervención estatal fue la decisión que tomó el expresidente y exadministrador general de la entidad, Sergio Gordon Cañas, quien se indemnizó a sí mismo por un total de $3.500 millones. Además, llegó a mantener un sueldo mensual cercano a $ 60 millones.
Reportes de la Comisión
De ahí en adelante, el Ministerio de Justicia inició una ofensiva para aplicar una cirugía mayor al gobierno corporativo.
Cercanos al trabajo de la comisión asesora indican que, tras una etapa de análisis y diagnóstico, comenzaron a dibujar el próximo escenario de la Caja: convertirla en el corto plazo en una cooperativa. Sin embargo, algunas trabas regulatorias, administrativas y legales estarían demorando el proceso.
Indican que las exigencias financieras y administrativas que implicarían la transformación serían las principales vallas por sortear. Pese a ello, el grupo asesor es optimista y espera entregar una propuesta al Ministerio de Justicia y a la administración de la Caja durante 2019.
Otra de las opciones que se barajan es mantener la estructura legal de la Caja y crear una empresa relacionada con el giro de cooperativa.
El patrimonio de la entidad es uno de sus principales activos de cara a la transformación. Entre los más relevantes son sus inmuebles en Santiago Centro y algunos terrenos en Avenida Las Condes.
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