Las isapres Cruz Blanca y Colmena han desplegado nuevas estrategias para enfrentar la judicialización contra el alza de los precios de los planes de salud.
El objetivo de ambas ha sido intentar revertir los fallos que por años le han significado a la industria millonarios desembolsos para el pago de abogados.
"Ante el silencio de la ley, ha debido ser Colmena quién iniciara un proceso de radical innovación en el proceso de adecuación de precios de los contratos de salud, adelantándose al Estado, a sus autoridades y a todas las demás Instituciones de Salud Previsional existentes en el país".
Este es parte del mensaje que la isapre Colmena está incluyendo en los informes que ha presentado en las cortes en medio de la judicialización.
Todo partió en 2007, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago comenzara a fallar que las alzas de los planes de salud eran arbitrarios e ilegales.
Tras esto, cientos de abogados comenzaron a presentar recursos de protección –ya van casi un millón de acciones judiciales- con el incentivo de quedarse con las costas, es decir, el pago que tiene que hacer la isapre por haber sido vencida.
Las empresas se han defendido en tribunales, lo que les ha significado miles de dólares en gastos.
Pese a esto, las cortes han rechazado sus argumentos con los cuales han justificado las alzas.
Se estima que desde el inicio de la judicialización, las cortes han ordenado a las isapres destinar más de US$ 130 millones al pago de honorarios de abogados de sus afiliados.
En medio de este escenario, Colmena modificó su estrategia de defensa ante los tribunales, poniendo de relieve ahora la desintengración vertical de la isapre (tras vender varias clínicas en 2013), por lo que, sostiene, las alzas de precios base de sus planes de salud nunca representarán un traspaso de costos artificiales entre ella y los prestadores de salud.
Junto a esto, destaca el límite a las utilidades de un 4% de los ingresos que se autoimpuso.
"Si una decisión como la que ahora adoptó mi representada se hubiera aplicado entre los años 2005 y esta fecha, habría implicado que en seis de los períodos en que los precios base de los planes de salud fueron aumentados, se habría generado la restitución de dineros a los afiliados", dijo la defensa de la firma en un escrito ingresado a la corte en enero pasado.
Imperio del derecho
Cruz Blanca, parte del grupo inglés Bupa, también ha desarrollado una nuestra estrategia judicial para evitar el pago de costas.
En esta caso, la fórmula ha sido ceder frente a las solicitudes de sus afiliados que han ido a la justicia, suspendiendo el alza de los planes de salud informados originalmente.
En todo caso, en los documentos que ha presentado a la justicia la firma deja clara su postura frente a los cuestionamientos por el alza de sus planes de salud: manifiesta "de forma expresa y clara" que "no ha cometido acto alguno de carácter ilegal o arbitrario" en el incremento de los valores.
"Isapre Cruz Blanca se allana a la solicitud del recurrente de mantener el precio base de su plan de salud", dice en varios informes presentados en los procesos que mantiene abiertos en la justicia.
Inmediatamente después, explicita el objetivo de no concretar las alzas de los planes: evitar el pago de las costas de los juicios.
En varios informes presentados a las cortes, la empresa sostiene que debe ser "eximida" del pago de los honorarios de los abogados de sus afiliados, por haber perdido oportunidad el recurso.
"Así, dado el allanamiento informado en los términos que se expuso, ya no se encuentran dadas las condiciones para adoptar medidas cautelares tendientes a reestablecer el imperio del derecho por no haber cuestión debatida", sostiene.
Pese a las nuevas estrategias, las cortes han mantenido su criterio de acoger los recursos presentados por los afiliados de las isapres, manteniendo además la obligación de que tengan que pagar las costas.
Reforma al sector
El pasado 31 de enero era la fecha indicada por el Gobierno para presentar el proyecto que busca reformar el sistema de isapres.
Sin embargo, el ejecutivo postergó, una vez más, la presentación de la reforma. Ahora se espera que la acción se materialice la primera semana de marzo.
La iniciativa establecerá un plan universal único y terminará con la discriminación y preexistencias en el sistema asegurador privado.
Si bien los lineamientos generales de la propuesta son conocidos, hay varios aspectos técnicos que aún no se han difundido. Uno de los principales se refiere a la futura institucionalidad que tendrá a su cargo la determinación de la operación financiera y la estructura de aseguramiento de las entidades privadas en el nuevo régimen, así como regular el período de transición.
Al respecto, desde el gobierno se ha señalado que se definió un Consejo Técnico de seis miembros, compuesto por un representante del Ministerio de Salud y otro de Hacienda, junto a dos expertos del sector económico y otros dos del ámbito de la salud "que tengan una reconocida trayectoria", grupo del cual surgirá un presidente.
El presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, ha señalado que es necesario avanzar en un mecanismo que permita "una tarifa equitativa entre hombres y mujeres" en los planes de isapre, a la vez que cuestionó el incumplimiento del Ejecutivo.
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