En Chile, qué duda cabe, la discusión en torno a las pensiones se ha tomado la agenda. Desde 2016 el previsional ha sido un tema clave en la agenda política. De hecho, ningún comando presidencial esquiva el debate en torno a las bajas jubilaciones.
Pero el nuestro no es el único país que está enfrentando un momento complejo por las pensiones. Ayer, se marcó un hito en Perú, con la presentación de los resultados de la Comisión de Protección Social, instancia que trabajó bajo el alero del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del actual gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Las conclusiones de la instancia al otro lado de la frontera podrían tener efecto también en Chile, ya que en Perú se encuentra la filial de Habitat, propiedad de Prudential y la Cámara Chilena de la Construcción e Integra, del grupo colombiano Sura, que en Chile opera con Capital.
Esto, porque el informe que emitió dicha comisión tiene entre sus propuestas la eliminación del sistema de AFP peruano, conocido como Sistema Privado de Pensiones (SPP), el que a mayo de este año administraba las cuentas de 6,4 millones de afiliados, en comparación a los 4,4 millones de incorporados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) de ese país.
Como alternativa, el panel de expertos propuso que los fondos de pensiones pasaran a ser gestionados por una “Unidad Centralizadora”, el que señalan podría ser un ente público o un monopolio privado -similar al Administradora de Fondos de Cesantía chileno- y que se haría cargo de los servicios de administración de las cuentas y de la atención al afiliado. Este organismo estaría dirigido por un “Comité de Notables”.
Mientras, las inversiones quedarían en manos de “Gestoras de Carteras de Inversión”, los que serán seleccionados a través de licitaciones ejecutadas por la entidad. Las actuales AFP, según la propuesta, podrían ser consideradas bajo estos límites.
Sin embargo, la iniciativa de la Comisión de Protección Social no sería una biblia para Ministerio de Economía y Finanzas y el gobierno.
La semana pasada, la titular de esa cartera, Claudia Cooper, señaló al medio peruano La República que “los resultados de la comisión servirán de insumo para iniciar un debate de manera que logremos consensos políticos para ello, pero el MEF no ha hecho suyo ningún tipo de conclusión y no hemos tomado ningún tipo de decisión al respecto”.
Consultados en Habitat por esta propuesta, señalaron que no quisieron referirse a este tema.
La defensa de la industria
Tras darse a conocer los resultados, la Asociación de AFP en Perú no se quedó inmóvil.
La presidenta del gremio, Giovanna Prialé, señaló que la propuesta de la comisión es de “alto riesgo”, ya que podría concluir en la “nacionalización de los fondos de pensiones”.
“El esquema que propone esta Comisión de Protección Social de centralizar la recaudación es un esquema de alto riesgo, porque no sabemos si este esquema será de carácter público o privado, y eso en un gobierno con fuerte apetito de gasto fiscal podría traducirse en la nacionalización de los fondos de pensiones” comentó Prialé.
“No se debe perder lo avanzado, ya que actualmente los fondos de los 6 millones de afiliados al sistema privado representan cerca del 42% del PBI. Actualmente una persona que se jubila del SPP tiene 50% de aporte y 50% de rentabilidad”, agregó Prialé, señalando además su preocupación por el monopolio que se formaría con la propuesta, el que indicó sería “ineficiente”, especialmente si éste es público, pues argumentó que los afiliados a la rama privada reciben un 40% más de jubilación que en el Sistema Nacional de Pensiones, esquema que maneja el Estado a través de la Oficina de Normalización Previsional.
Las polémicas del sistema peruano
A inicios de 2016 entró en vigencia la reforma previsional que llevó a cabo el gobierno peruano. Ésta modificó normas, las que causaron extrañeza y preocupación en los expertos de la región.
Esto, porque la iniciativa estableció que los peruanos pueden hacer retiro del 95,5% de sus fondos de pensiones acumulados en sus cuentas de capitalización individual cuando alcancen la edad de jubilación, la que es de 65 años tanto para hombres como mujeres. Además, los afiliados pueden retirar el 25% de esos recursos para adquirir un bien inmueble o amortizar un crédito hipotecario.
Ambas medidas han sido fuertemente criticadas por los sectores empresariales de Perú, quienes han señalado que la reforma es "populista y demagoga".
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