“El ejercicio 2016 fue un año complejo para el país, ya que por tercer año consecutivo tuvimos un débil crecimiento económico“, señaló Luis Enrique Yarur, presidente de Bci, en el discurso con el que dio inicio a la junta de accionistas del banco, y en el cual llamó a revisar las reformas que se han llevado a cabo.
Sin apuntar de forma específica a alguna de las políticas que ha impulsado la administración de Bachelet, Yarur señaló que “pareciera prudente revisar aquellas reformas que han dañado nuestra capacidad de crecimiento”. Al mismo tiempo, aconsejó al Gobierno a “no emprender las reformas que no tengan en el centro el crecimiento del país”.
A pesar del mal escenario económico que describió Yarur, destacó que BCI incrementó su participación en las utilidades de la industria al pasar de 15,1% a 17,3%.
Uno de los ámbitos que distinguió el empresario ante los accionistas fue la operación en Florida, Estados Unidos, el City National Bank, el que alcanzó utilidades por US$ 70 millones, casi duplicando las obtenidas por el ejercicio anterior y que superó todas las expectativas del directorio.
El gerente general del banco, Eugenio Von Chrismar, comentó que a pesar del escenario económico, Bci considera un aumento del presupuesto de inversiones para 2017 por US$ 98 millones.
Al final de la cita se aprobó una capitalización para mejorar el banco por $ 43 mil millones de las utilidades.
La disidencia de las AFP
En la tabla de la asamblea, también se encontraba la ratificación de dos miembros del directorio, Klaus Schimdt-Hebbel y Hernán Orellana, quienes ingresaron el año pasado en reemplazo del fallecido Francisco Rosende y del empresario peruano Dionisio Romero, quien dejó la mesa una vez que el Banco de Crédito de Perú vendió su participación en Bci.
Los nombramientos, que parecían de rutina, finalmente terminaron siendo un impasse entre las AFP y el grupo controlador del banco.
Las administradoras, que tienen aproximadamente el 8% de la propiedad de Bci, votaron en contra de los dos nuevos directores, apuntando que los ejecutivos en cuestión no cumplían con los requisitos legales de independencia que interpone el Decreto Ley 3.500, para ser definidos como directores independientes.
Cercanos a la industria mencionaron que existiría un conflicto respecto al término de “independencia“ entre las AFP y el controlador.
En la junta, Luis Enrique Yarur declaró que ambos candidatos sí cumplían con los requisitos que establece la legislación sobre sociedades anónimas.
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