Exactamente 11 meses y 11 días han pasado desde que el Gobierno ingresó el 7 de noviembre de 2022, su reforma previsional a la Cámara de Diputados.
Dada la configuración del actual Congreso -donde el Gobierno no tiene mayoría- la discusión de la iniciativa se anticipaba compleja, pero el Ejecutivo confiaba en sacarla adelante uno de los posibles legados del Presidente Gabriel Boric.
Sin embargo, la tramitación legislativa ha tenido más bajos que altos durante el casi año en el Congreso. Si bien, en enero se aprobó la idea de legislar en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara Baja, instancia donde el oficialismo sí tiene mayoría, este escenario dista al de la Sala y aún más en el Senado, donde el Ejecutivo deberá necesariamente tender puentes con otros sectores.
Postergación de indicaciones
Las dificultades para lograr un consenso político en torno a la reforma se han traducido en que, desde enero no ha logrado sortear otra valla en el Parlamento. Actualmente, el proyecto se encuentra en la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara Baja, en su primer trámite constitucional, donde el debate se ha pausado a la espera de ingreso de indicaciones por parte del Gobierno, las que han sido postergadas de la fecha que se había autoimpuesto el Ejecutivo: fines de septiembre.
Lo anterior, dado que el Ejecutivo ha argumentado que se requiere un acuerdo para poder presentarlas y e incluso se ha abierto un debate en torno a si debiese ser antes o después del plebiscito constitucional del 17 de diciembre, lo que ha generado desacuerdos al interior del oficialismo.
Últimamente, el debate también se ha enredado por la discusión constitucional. El texto propuesto por el Consejo Constitucional explicita la propiedad de los fondos, su inexpropiabilidad y la libertad de elección para la inversión y administración entre instituciones privadas o públicas.
La salida del exsubsecretario Larraín
Más allá de las complejidades políticas que ha tenido que sortear el proyecto, que han impedido que éste siga avanzando, la reforma no ha estado exenta de polémicas.
El 3 de mayo, el exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, reconoció que las cuentas nocionales no gozaban de mayorías parlamentarias y que había que buscar otros caminos, lo que generó una distancia con la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara.
Mesas técnicas y intentos de acuerdos
Pero ese no ha sido el único momento que ha marcado el debate. Se han buscado acercamientos con representantes políticos y se han realizado dos mesas técnicas, la primera a partir de marzo sin la presencia de la oposición que decidió restarse en ese momento y la segunda, durante julio y agosto con amplia representación desde el PC hasta Republicanos.
La primera instancia estuvo marcada porque las posturas de partidos que no forman parte del oficialismo, como la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente, los que dejaron de manifiesto que no darían su apoyo a las cuentas nocionales, mecanismo que meses más tarde el Gobierno terminó por desechar.
En tanto, la segunda mesa técnica compuesta por un mix entre técnicos vinculados a los partidos y algunos diputados, principalmente de la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara, no logró llegar a un acuerdo, pero además, estuvo marcada por la salida de la UDI, que condicionó su permanencia a la salida del entonces ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.
6% y reorganización de la industria
Lo que sí, tras una serie de conversaciones que llevó adelante la ministra Jara -tanto con parlamentarios como también en las distintas instancias de la segunda mesa técnica- el Gobierno decidió ceder desde su postura inicial que el 6% de cotización adicional sería destinado a un seguro social, a un 4% para aquello y 2% a cuentas individuales. Sin embargo, esa alternativa fue rechazada por la oposición, pero tampoco dejó conformes a sectores ligados al centro como la DC, Demócratas y el Partido de la Gente.
Además del 6% de cotización adicional, otra de las materias que sigue entrampando el debate es la reorganización de la industria. Tras la mesa técnica, el Ejecutivo migró desde su postura inicial respecto de que el soporte del negocio estuviera concentrado en un ente público, hasta abrirse a la posibilidad de que sea un ente licitado, como el modelo de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).
Con todo, la reforma no ha logrado ser votada en particular en la comisión y el último intento -que se realizó en julio en una polémica sesión- terminó en una acalorada discusión entre parlamentarios del oficialismo y la oposición. En dicha instancia se votaron sólo un par de artículos espejo del DL. 3.500, el Decreto de Ley que el proyecto buscaba derogar y cuya continuidad es oficialmente, al menos hasta ahora, un misterio.
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