Bolivia está negociando financiamiento multilateral que superará los US$ 9.000 millones para proyectos públicos y privados, dijo este martes el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en el primer anuncio político importante desde que el Presidente Rodrigo Paz asumió el cargo a principios de este mes.
El paquete, acordado con un consorcio de prestamistas, supera la previsión inicial del Gobierno de entre US$ 4.000 millones y US$ 5.000 millones y está diseñado para estabilizar una economía golpeada por la elevada inflación, un déficit fiscal cada vez mayor y escasez de divisas.
Espinoza, quien anunció las conversaciones sobre asistencia durante una conferencia de prensa el martes, dijo que se espera que cerca de un tercio de ese financiamiento llegue en los próximos 60 a 90 días.
Los fondos de acreedores como el Banco Mundial y la Corporación Financiera de América Latina (CAF) respaldarán iniciativas del sector privado en materia de infraestructura, energías renovables e inclusión financiera, dijo el ministro a Reuters en una entrevista previa al anuncio.
"No solamente es endeudamiento para el sector público", dijo Espinoza en una entrevista el lunes. "Lo que estamos haciendo como Gobierno es abrir una nueva fase de desarrollo en la que el sector privado va a tener un rol importantísimo", agregó.
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Bolivia, un importante productor de gas natural y cereales, enfrenta una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, después de que años de políticas estatistas y nacionalizaciones del anterior Gobierno socialista disuadieran la inversión extranjera y tensaran las finanzas públicas.
El presidente centrista Paz, quien asumió el cargo el 8 de noviembre, se ha comprometido a adoptar un enfoque orientado al mercado para atraer la inversión extranjera, evitando al mismo tiempo alteraciones bruscas en la economía que podrían socavar la red de seguridad social de Bolivia.
Como parte de las medidas anunciadas el martes, el Gobierno eliminó el impuesto sobre el patrimonio que se aplicaba a las personas con un patrimonio neto superior a 30 millones de bolivianos (US$ 4,3 millones), alegando que desalentaba la inversión y fomentaba la informalidad.
También se eliminaron los impuestos sobre las transacciones financieras. Un presupuesto más austero para 2026 incluirá un recorte del 30% en el gasto público, según Espinoza.
El ministro afirmó que el ajuste era una decisión soberana, no un requisito del Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque Bolivia sigue abierta al diálogo con el organismo.
"Si decide acercarse a nosotros, es bienvenido, pero mientras tanto nosotros avanzamos en el plan que tenemos", declaró a Reuters.
Espinoza insinuó que Bolivia podría avanzar hacia un tipo de cambio más flexible para impulsar la competitividad de las exportaciones y añadió que el Gobierno tiene la intención de eliminar el subsidio al diésel, sin dar un calendario.
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Integración de las criptomonedas
Como parte de una iniciativa de modernización más amplia, el Gobierno integrará las criptomonedas en el sistema financiero formal, comenzando por las monedas estables, dijo Espinoza.
Según los planes, se permitirá a los bancos ofrecer servicios relacionados con las criptomonedas para que "empiece a ser un instrumento de pago de curso legal", dijo Espinoza. Entre estos servicios se incluyen cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y préstamos.
La adopción de las criptomonedas en Bolivia se disparó tras el levantamiento de la prohibición el año pasado y, según analistas, los volúmenes han crecido considerablemente desde entonces, ya que cada vez más clientes las utilizan como cobertura frente a la depreciación del boliviano.
"El uso de criptomonedas no es algo que puedas controlar o normar, va más allá de la capacidad de cualquier gobierno, por lo tanto, tiene que reconocerlo y utilizarlo a tu favor", afirmó Espinoza, quien añadió que esta política podría impulsar la inclusión financiera.
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