Advertencias desoídas
Señor Director:
La reciente aprobación de la Ley de Fraccionamiento constituye una grave vulneración a la certeza jurídica en Chile. Al reducir arbitrariamente las cuotas de captura de la pesca industrial se ha producido una verdadera expropiación regulatoria sin compensación, afectando derechos adquiridos legítimamente hasta 2032.
Por este motivo, diversas empresas pesqueras han anunciado que interpondrán demandas en contra del Estado, lo que para nadie debería ser una sorpresa, ya que durante toda la tramitación legislativa se advirtió que se estaban vulnerando derechos, en una ley que transfirió cuotas al sector artesanal por montos superiores a US$ 160 millones, a costa de una reducción del 30% en la fracción industrial.
Sin embargo, no se quiso escuchar que la propuesta tenía vicios de legalidad.
Habiendo fórmulas para evitar estas demandas, simplemente no hubo voluntad de diálogo: a fin de cuentas, el problema le iba a quedar al próximo Gobierno.
Con estas acciones, la industria no solo está defendiendo sus derechos, sino que también lo está haciendo por cientos de trabajadores y comunidades que viven de un sector que es clave para la descentralización y para el desarrollo socioeconómico de muchas regiones del país. Pero sin certeza jurídica no hay inversión, y sin inversión no hay empleo.
Esperemos que quien sea el próximo Presidente, elabore una política pesquera de largo plazo con miras al 2050, construida entre todos, con visión de Estado, que combine sostenibilidad ambiental, empleos de calidad, crecimiento económico y seguridad jurídica.
Felipe Sandoval
Presidente de la Sociedad Nacional de Pesca