Cartas a la Directora

La deuda del Estado con las víctimas de Chang

Señora Directora:

A propósito del lapidario fallo dictado por la Corte en Malta, con motivo del pedido de extradición del Estado de Chile sobre Alberto Chang, surgen varias interrogantes: ¿Cabe la posibilidad concreta de conseguir que el principal imputado de una de las mayores estafas de nuestra historia judicial, post reforma procesal penal, enfrente a la justicia? ¿Cómo en el futuro podría conseguirse que, en casos similares a éste, los imputados no evadan su responsabilidad sustrayéndose de la acción de justicia, como lo hizo Chang?

Siendo interviniente directo en ese proceso, más allá de las observaciones manifiestas de la sentencia del juez Antonio Mizzi, veo con desazón la imposibilidad jurídica de conseguir la extradición de Chang, porque no existen recursos posibles. Algunos plantean la opción de la expulsión. Si el gobierno de Chile no pudo sostener el proceso de extradición, ¿qué hace pensar que ese recurso administrativo pueda prosperar?

Es en este punto donde las víctimas pueden plantear sus exigencias y reclamos, puesto que más allá del esfuerzo de la Fiscalía de Alta Complejidad y la convicción de argumentos planteados por muchos de quienes intervinimos en ese proceso, no existe el compromiso del Estado chileno de brindar real protección a las víctimas. Creo que antes de poder responder las interrogantes planteadas, el llamado es a ocuparse de manera seria y cierta de quienes reclaman por justicia, las víctimas del proceso penal chileno.

La reflexión que queda, entonces, es que el Estado tiene que saldar una deuda que perdura por años, no sólo con los afectados por Alberto Chang, quien es hoy un paradigma de estafador. La deuda también queda en evidencia con tantos otros por casos innominados, a quienes no tienen reparación o acceso para recibir lo que es justo.

Queda mucho por avanzar. En estos días en los que se discuten ajustes a nuestro Código Penal (necesarios), es la oportunidad de que los encargados de conducir nuestro país verdaderamente se ocupen de saldar este pasivo.

Felipe Barruel
Socio de Vargas, Barruel, Borzutzky

Conservación rentable de la Patagonia

Señora Directora:

El recientemente nombrado Parque Nacional Cerro Castillo, al igual que muchos otros dentro de la red de parques en la Patagonia, cuenta con cientos de hectáreas de terrenos aledaños que corresponden a privados. Estos últimos se encuentran en serio peligro de explotación si el Estado, mediante sus instrumentos de planificación y en conjunto con los desarrolladores inmobiliarios, no se aboca a intervenir de manera consciente estas tierras, que son parte de nuestro patrimonio nacional.

Como ya se ha constatado en otros lugares, sectores cercanos a los parques toman un alto valor inmobiliario y se generan proyectos que no respetan el entorno, pasando a llevar sin ninguna reglamentación su flora, fauna y tradiciones locales. Esto se ve incrementado en la temporada de verano, ya que la demanda por terrenos en la Patagonia asciende aun más.

Los desarrolladores inmobiliarios y el Estado somos responsables de no provocar desastres medioambientales ni impulsar proyectos que no aporten a la preservación de áreas silvestres.

Mediante la nueva ley del Real Derecho de Conservación podemos generar proyectos con bases legales para conservar extensiones de alto valor ecológico y medioambiental, conjugándolas con proyectos inmobiliarios.

Mario Anfruns Bustos
Arquitecto Aescala Patagonia

En el campo, asociarse es la clave

Señora Directora:

En marco del Día Nacional del Cooperativismo, queremos relevar la asociatividad y en particular, el cooperativismo moderno, un tema que queremos que se convierta en uno de los sellos del Ministerio de Agricultura en la administración 2018–2022.

Esto porque los mercados se han hecho cada vez más competitivos, se requiere de alta tecnología, inversión, comercialización y distribución, todas situaciones difíciles de llevar individualmente y que solo pueden ser alcanzados con volúmenes importantes. ¿Y cómo podemos lograr eso? Con la asociatividad de varios productores con la búsqueda de un fin común.

Llevo más de 30 años ligado a la agricultura, viviendo en regiones, siendo vecino del Chile agrícola. Conozco las consecuencias de esta atomización, del exceso de intermediarios, de la falta de formalización y de la escasez de transparencia en algunos casos. Por otro lado, he visto y experimentado los efectos positivos de vencer el individualismo y asociarse, para compartir experiencias, comprar insumos en conjunto e, incluso, comercializar junto a otros, mejorando el acceso a mercados y obteniendo mejores precios.

Como Ministerio de Agricultura, estamos convencidos de que en el asociarse está la solución. Hablamos de un cooperativismo moderno, con foco en el negocio, en la formación y gestión del gobierno corporativo, basado en la confianza entre las partes que participan orgánicamente en busca de un fin común.

Antonio Walker
Ministro de Agricultura