Cartas a la Directora

Un SII con menos atribuciones: mala idea

Señora Directora:

Más allá de las aristas y complejidades de la nueva reforma tributaria, un aspecto inquietante de ella se refiere a la limitación de las facultades para la autoridad a través de las modificaciones al Código Tributario.

Al revisar la propuesta del Ejecutivo, queda la sensación de que el esquema quita importantes atribuciones al Servicio de Impuestos Internos y, además, genera un terreno muy permisivo para los contribuyentes, quienes se enfrentarán a un ente fiscalizador que tendrá un restringido campo de acción para actuar.

Estimo muy delicado quitarle atribuciones al SII, limitando, de paso, la capacidad examinadora de sus funcionarios, quienes perderán la atribución de solicitar antecedentes que son propios para resguardar el normal desempeño de los agentes del mercado, lo cual sólo servirá para seguir amparando el comportamiento de organizaciones que hacen mal las cosas.

Esto es todo lo contrario de lo que necesita un Servicio que, más que nunca, requiere de un sistema capaz de ofrecer seguridad, transparencia e igualdad de trato a ciudadanos y contribuyentes.

Claudia Farías
Académica de Planificación y Gestión Tributaria u. de Talca

Acuerdos y salario mínimo

Señora Directora:

A pesar de que la búsqueda de acuerdo por parte del gobierno se extendió durante toda la tramitación de la propuesta de salario mínimo, la oposición insiste en que el rechazo al reajuste es por falta de negociaciones de parte del Ejecutivo.

No es así. Cuando ingresó la iniciativa, las condiciones eran muy distintas a las actuales. El gobierno planteaba un aumento de $283.500 para agosto de este año y un reajuste a ese monto para 2022, pero durante los procesos legislativos estas cifras se modificaron considerablemente a raíz de los consensos.

Al entrar a la Cámara de Diputados, el proyecto cambió, aumentando el sueldo a $300 mil para marzo del próximo año y aceptando un reajuste plurianual hasta 2021. Sin embargo, al pasar al Senado, se aceptó el monto, pero no el reajuste.

Dado este escenario, el gobierno volvió a negociar proponiendo en última instancia un salario mínimo de $317.000 con plurianualidad a 2020. Es decir, transó dos años y cerca de 30 mil pesos de su propuesta inicial. Si esto no es tratar de llegar a un acuerdo, ¿qué es?

Parece que la oposición está hablando de otro tipo de pactos, aquellos que van en desmedro de los trabajadores, aquellos que entregan beneficios políticos y promueven la obstrucción. Si estamos hablando de eso, es claro que el gobierno está lejos de formar la negociación que esperan.

José Tomás Correa

Regulaciones a conductores Uber

Señora Directora:

¿Cómo una ley que exige licencia profesional, calidad del automóvil y certificado de antecedentes del conductor va a perjudicar a los usuarios? Si bien el costo del transporte puede aumentar, la pregunta es cuánto estamos dispuestos a pagar extra por proteger nuestras vidas.

Hace algunas semanas, el gobierno ingresó un proyecto que busca regular las plataformas de transporte como Cabify, Beat y Uber. A diferencia de la iniciativa presentada por la anterior administración, ésta no restringe el desarrollo de estas nuevas tecnologías, sino que fundamentalmente busca regularizar su situación, de manera de permitir que tanto las plataformas de servicios de transporte, como sus conductores, operen dentro del marco de la ley. Medida que no sólo favorecerá la competencia, sino que contribuirá a la libre elección de todo ciudadano que quiera optar por este servicio con igualdad de condiciones.

Si bien una de las grandes críticas corresponde al encarecimiento del precio para las personas que lo utilizan, como usuaria regular de las aplicaciones de transporte me alegran las nuevas condiciones que se les exigirán a los conductores, porque aunque unos pesos extras no me son indiferentes, prefiero pagarlos si eso me asegura que llegaré sana y salva a mi destino.

María Alicia Avilés