Cartas a la Directora

Uso obligatorio de marcas

Señora Directora:

Esta semana volvió a discutirse en el Senado el proyecto que modifica la actual Ley de Propiedad Industrial, que incluye el uso obligatorio de las marcas registradas en nuestro país, con el fin de impedir que se inscriban las denominadas “marcas de papel” que, en lugar de aportar a la economía local, apuntan a bloquear a otras empresas, afectando la libre competencia e impidiendo la entrada de nuevos actores al mercado nacional.

El proyecto actual enviado por el Ejecutivo al Congreso –que contempla que un tercero pueda solicitar que la marca sea anulada– sin duda representa un avance, pero está lejos de ser suficiente.

Si queremos estar a la vanguardia en temas de P.I., debiéramos considerar los parámetros de países líderes en la lucha contra la piratería de marcas, como Estados Unidos y Canadá, promoviendo que cada marca registrada vaya asociada a una actividad económica. Ello se logra no sólo con la nulidad de las marcas a petición de un tercero interesado en la eventualidad de un conflicto, sino también con la caducidad de oficio si el titular de la marca no acredita su uso efectivo ante la autoridad competente (INAPI).

No debemos olvidar que la esencia de las marcas registradas es que distingan algún producto, industria o servicio. Es decir, que sean herramientas de impulso económico y no instrumentos para obstaculizar la libre competencia.

Max F. Villaseca M.
Socio Villaseca Abogados

Descentralización en serio

Señora Directora:

Es increíble que la descentralización de nuestro país, que es un eslogan de campaña tan fuerte en períodos de elecciones, no se concrete en la práctica.

Hoy la tecnología nos permite que grandes empresas puedan estar operando desde cualquier lugar de Chile, y para incentivar la descentralización basta con que una simple ley de impuestos haga de esto una realidad.

Si aprobamos una ley que permita que las empresas cada 200 kilómetros de Santiago bajen en un punto sus impuestos, muchas empezarían su retirada a otras regiones. Esta medida tendría críticas, debido a que nuestro Estado dejaría de recaudar impuestos, pero si descentralizamos y les damos más dinamismo a nuestras regiones, recaudaríamos más impuestos y creceríamos mucho más como país.

Sebastián Jaramillo Bossi
Director Fromozz

Financiamiento de Programa BETA

Señora Directora:

Frente a la grave situación que viven los estudiantes del programa BETA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, al anunciarse por parte de la Corporación Municipal que dejarán de cofinanciar su participación en la iniciativa, quisiéramos manifestar nuestra opinión basada en evidencia.

El programa BETA, fue creado a partir de la necesidad de dar un acompañamiento adecuado a estudiantes de establecimientos municipales que, teniendo aptitudes sobresalientes en el ámbito académico, no encontraban respuestas a sus necesidades.

Hoy se han logrado avances hacia una atención inclusiva de las dificultades cognitivas/de aprendizaje, dando a este grupo un trato más equitativo y justo. Sin embargo, en el otro lado del espectro de habilidades, es decir aquellos que sobresalen académicamente, existen prejuicios y mitos: que es elitista, que no es necesario, que se la pueden solos, llegando incluso a negar su existencia. Pero están, y son cerca de 355.000 estudiantes en nuestro sistema escolar con estas características. Los programas de talento alojados en diferentes universidades del país y apoyados parcialmente por el MINEDUC cubren un 1% de este total ¿y desde las corporaciones de educación se pretende quitarles el apoyo?

La evidencia apunta a que la desatención educativa de este grupo puede traducirse en bajo rendimiento, deserción escolar, desmotivación y problemas psicológicos. No darles cabida es perder la perspectiva de inclusión y cortar las alas a quienes podrían volar alto, aportando también al desarrollo de Chile.

En un país donde tenemos en alto a nuestros talentos deportivos, ¿por qué no hacer lo mismo con nuestras mentes más capaces?

Dra. María Paz Gómez, Dra. Leonor Conejeros, Dr. Marcos Urra, Mg. Ramiro Vargas, Mg. Helga Gudenschwager, Mg. Alejandro Proestakis, Mg. Lavinia Armasu
Académicos y directivos UAndes, PUCV, Alta-UACH, Delta-UCN, Proenta-Ufro

Deuda hospitalaria, “talón de Aquiles”

Señora Directora:

La subsecretaría de Redes Asistenciales anunció recientemente que la deuda hospitalaria cerrará en 2018 con $261 mil millones, un aumento de 9% en comparación a 2017, mientras que el déficit operacional llegará a los $705 mil millones.

Lamentablemente, existe una deuda que se mantiene producto de una gestión hospitalaria deficiente y que se ve reflejada en abultadas listas de espera, atenciones quirúrgicas pendientes y desabastecimiento en recintos hospitalarios.

Debido a lo anterior, creemos que el 9 % que anuncia la autoridad para la deuda en 2018 es una cifra baja, que no refleja la situación real. Más bien, estimamos una cifra entre el 11% ó 12 %, producto de que generalmente se mantienen muchas facturas por ingresar o material pendiente de facturar.

Para 2019, la autoridad ha considerado una reasignación de recursos para salud de $6.500 millones. El incremento de recursos, si bien es una buena noticia, será insuficiente si no se aborda el problema de la deuda pública de arrastre. Instamos a la autoridad a que de una real solución a este problema, el verdadero “talón de Aquiles” que impide entregar una atención digna a quienes más lo necesitan.

Eduardo del Solar
Director Ejecutivo de Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud