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Alto contrasteCifras económicas
Señor Director:
Se me hace prácticamente imposible entender al diputado Lorenzini, quien en declaraciones a este medio pide medidas ante el deterioro de las cifras económicas.
Recordemos que cuando siendo presidente de la Comisión de Hacienda aprobó el proyecto de reforma tributaria sin leerlo, y a pesar de su reforma posterior, está condenando irremediablemente a las PYMEs y para qué decir la inversión.
Franco Brzovic
abogado
Superintendencia de Salud
Señor Director:
Pese a que la economía sigue sumamente débil, las expectativas de crecimiento son paupérrimas, el mercado laboral continúa creando empleos muy precarios y las autoridades brillan por su ausencia, esto ya parece pan de cada día. Lo que sí me llamó la atención fue la forma que tuvo la Superintendencia de Salud de enfrentar el problema de la Isapre Masvida, al impedir las desafiliaciones.
Más allá de los argumentos de las economías de escala necesarias para la operación de la Isapre, o las necesidades de tiempo para que eventualmente logre negociar la entrada de un socio salvador, me parece que lo primero es la libertad de las personas a tomar sus decisiones respecto a si siguen o no usando el servicio de la empresa. Acá, si el regulador no hizo bien el trabajo y permitió que se llegara a esta situación, incluyendo una falsa sensación de seguridad para los usuarios, o si la empresa realizó acciones incorrectas basándose en el mismo principio anterior, es totalmente inapropiado que se les prohiba a las personas decidir sobre sus recursos. Tampoco es válido que se argumente que se está defendiendo a quienes tienen preexistencias y que serían cautivos.
Digámoslo claro, los afiliados son personas que destinan parte de sus recursos a cubrir una necesidad de seguridad en salud. Es su dinero, y ellos deben poder decidir sobre su uso, no el regulador. Si seguimos la lógica de la autoridad, entonces alumnos no pueden irse de una universidad mala, afiliados a una AFP no pueden cambiarse ante bajas rentabilidades, o si el Transantiago no funciona se prohíbe usar alternativas. Esto va en contra de la competencia. Aunque sea por un mes.
Y por cierto, más instituciones estatales no es la solución, todo lo contrario. No se les vaya a ocurrir crear un regulador del regulador.
Félix Berríos Theoduloz
Magíster Economía PUC
Seguridad informática
Señor Director:
Conocidos por la sigla DDoS (Distributed Denial of Service), los ataques Distribuidos de Denegación de Servicio son acciones malintencionadas -ejecutadas al mismo tiempo desde muchos computadores repartidos por el mundo- que buscan afectar el funcionamiento de un servidor o red de una organización.
Para ello, los hackers se valen de un Bot o programa informático que -instalado en cada uno de esos PC- imita el comportamiento humano, enviando una solicitud al sitio web que se ha definido como blanco del ataque. Como son cientos o miles los requerimientos que la página víctima recibe e intenta responder, el resultado es el colapso de ella.
Este tipo de práctica ha crecido en número e intensidad en los últimos años -gracias a los millones de computadores y dispositivos móviles que hoy existen y al avance de la Internet de las Cosas- transformándose en una verdadera arma que emplean los ciberdelincuentes para afectar la imagen de una empresa o institución y generar daños económicos y de imagen.
De acuerdo a cifras de A10 Networks, las compañías sufren en promedio 15 ataques de este tipo al año, lo que se traduce en una media de 17 horas de inactividad.
Frente a este alarmante escenario, se hace necesario que las organizaciones tomen las medidas adecuadas que permitan detectar a tiempo posibles vulnerabilidades de esta clase y proteger así su reputación corporativa junto con uno de sus activos más importantes: la información.
Cristián Cáceres
Gte. de Consultoría, Diseño y Marketing de Acanto | Teknos
