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Alto contrasteDominga
Señor Director:
Sorpresa me causó el rechazo al proyecto de hierro y cobre Dominga. Fue largo el camino que recorrió, superando todas las etapas y logrando finalmente llegar hasta la última instancia de la resolución de calificación ambiental. Un curioso empate en la votación final -donde varios Seremis se dieron vuelta la chaqueta en el último minuto- dejó todo en manos del intendente de la Región de Coquimbo, quien fue el que decidió finalmente cerrar la puerta por fuera a una inversión cercana a los US$ 2.500 millones.
El rechazo de Dominga y de cualquier proyecto de inversión, sin basarse en argumentos técnicos, causa un grave daño a la institucionalidad ambiental del país.
Lamentablemente, la decisión que tomó el Gobierno Regional de Coquimbo se transforma en una muy mala señal de Chile para las inversiones. El Comité de Ministros tiene la oportunidad de revertir esta situación aprobando el proyecto Dominga, y puesto que resuelve con criterios técnicos, ello hará que la confianza en la institucionalidad ambiental del país se mantenga.
Jaime Solari
gerente general consultora ambiental SGA
“Las empresas deben responder”
Señor Director:
Actualmente, las empresas se están viendo expuestas a mayores niveles de exigencia por parte de los consumidores, debiendo adoptar obligaciones y responsabilidades que, en algunos casos, van más allá del ejercicio de su propio giro, lo que implica responder sin condiciones, sin restrucciones, ni letra chica.
Estamos frente a un consumidor-ciudadano, más exigente, que utiliza las redes sociales como amplificador, afectando la reputación no solo de la empresa cuestionada, sino al rubro completo, que logra el apoyo de la autoridad y el cambio de lesgislación.
Las empresas necesitan certudumbre, pero los cambios son una oportunidad, y frente a esta nueva realidad, probablemente solo sobrevivirán a los nuevos tiempos aquellos que sepan leer adecuadamente el entorno, aquellas empresas que no pongan el foco en juzgar los cambios, sino en movilizarse. Tendrán éxito aquellas que den seguridad y certidumbre a sus consumidores, trabajadores y a la comunidad con la que se relacionan y sepan comunicar lo que hacen y por lo que responden.
Silvia Torres
Quórum Comunicaciones
Sociedad civil
Señor Director:
En los últimos dos años, la sociedad civil ha trabajado para impulsar una mejor transparencia en beneficio de una sociedad más justa y con énfasis en un mayor conocimiento sobre los procesos de toma de decisiones. Un claro ejemplo de ello es la Comisión Engel, que propuso lineamientos para poner fin a la corrupción, como el financiamiento de los partidos políticos, la fiscalización en el gasto de las campañas, la probidad y fortalecimiento municipal.
Es por esto que la importancia de la sociedad civil tiene realce principalmente en desarrollar un país más y mejor equitativo, disminuyendo la desigualdad en la participación de políticas públicas. Este punto es importante, ya que en el proceso de control social, se implementó la Ley 20.880 (sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses), la declaración obligatoria de intereses y patrimonio para el Presidente de la República, ministros, parlamentarios, autoridades y personal de planta y contrata, hasta el tercer nivel jerárquico de la administración del Estado.
Así mismo, deberán ser declarados los patrimonios de su parejas e hijos, con el fin de no ejecutar políticas públicas que también beneficien a sus familiares más cercanos. Es así como la ley tiene como objetivo resguardar el principio de probidad en el ejercicio de la función pública y la prevención de conflicto de intereses.
Lo anterior asegura una mejor transparencia y probidad, con el fin de evitar que se repitan casos como lo ocurrido con la Ley de Pesca, SQM o Penta y que puedan ser fiscalizados por la prensa y la ciudadanía.
Paulina Ibarra
Directora Ejecutiva de Fundación Multitudes
