Crisis en Gendarmería
Señor Director:
Nuestro sistema penitenciario tiene un mandato tan claro como incumplido: custodiar con seguridad y dignidad a las personas privadas de libertad y contribuir efectivamente a su reinserción social. Ambas funciones son esenciales para la seguridad del país, pero hoy presentan déficits evidentes.
Custodiar no es solo evitar fugas. Implica impedir que desde las cárceles se sigan cometiendo delitos, controlar el ingreso de objetos prohibidos y asegurar condiciones mínimas de habitabilidad, salud y protección de la integridad física. Reinserción, por su parte, supone abordar los factores que explican la conducta delictiva y preparar el retorno a la vida en libertad mediante programas basados en evidencia.
La crisis que enfrenta Gendarmería —corrupción interna, coordinación delictual intramuros, ingreso sistemático de elementos prohibidos y deterioro de las condiciones de vida— afecta tanto los derechos de las personas privadas de libertad como la seguridad de toda la ciudadanía. La reforma estructural ya no es una opción: es un imperativo.
En este contexto, es positivo que el Gobierno proponga trasladar la dependencia de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública. No se trata solo de un cambio administrativo, sino de una oportunidad para ordenar funciones, fortalecer controles y repensar una gestión compleja, incluida la relación con múltiples asociaciones de funcionarios.
Chile no necesita una reforma cosmética. Necesita un sistema penitenciario capaz de enfrentar la corrupción, garantizar derechos básicos y cumplir un rol clave en la seguridad del país.
Daniel Johnson
Director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana
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