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Alto contrasteIntegridad pública
Señor Director:
El recién ingresado proyecto de ley que busca reforzar algunas atribuciones de la Contraloría General de la República y el editorial de DF del 29 de octubre ponen el acento en la necesidad de discutir la forma en que se protege el interés colectivo.
Los hechos de corrupción del mudo público y privado han evidenciado que las normas y facultades no son suficientes si no las contextualizamos en un sistema de control, que integre la prevención, monitoreo, detección y sanción de forma oportuna y severa de los hechos irregulares.
Las señales de fortalecimiento a la Contraloría deben leerse frente a sus propias complejidades y deberían ser concordantes con los recursos que se le otorgan, las facultades que se les da, las atribuciones con las que se le inviste y las capacidades operativas con las que se le dotan.
La integridad pública no es solo fortalecer sistemas normativos, facilitar mecanismos de control o promover diálogos que robustezcan la cultura organizacional, sino que, y más relevante aún, lograr tomar decisiones coherentes entre las ideas que se promueven y las acciones que se ponen en práctica.
Reforzar un sistema de integridad pública requiere enfrentar los desafíos del empleo público, modernización de la gestión pública y la profesionalización del aparato estatal, poniendo a las personas en el centro de las ideas que se promueven.
Michel Figueroa
Director ejecutivo Chile Transparente
