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Alto contrasteLo que no termina se contamina más…
Señor Director:
Un reciente análisis de la Contraloría General de la República detectó que entre el 2015-2025, más de 800 obras públicas terminaron anticipadamente. Esta paralización ha implicado retrasos en la entrega de infraestructura esencial, como hospitales, equipamiento urbano y jardines infantiles. Además, exige nuevos procesos de contratación para su finalización, algunos por montos superiores al contrato original (llegando al 50%), sumado a una serie de gastos en administración, supervisión y mantenimiento de obras inconclusas. ¿Tendrá todo esto alguna justificación? Ya sea por desorden o falta de transparencia, lo desconocemos. Sin embargo, el principio de eficiencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos exige que la Administración procure la obtención del máximo valor posible en el gasto fiscal, evitando sobrecostos injustificados. Es indispensable, entonces, detectar los problemas que han impedido la materialización de estos proyectos, para que den origen a nuevos mecanismos contractuales que permitan a las partes solucionar imprevistos, sin poner en riesgo la continuidad de las obras. Algo que se hizo evidente con la Pandemia de Covid-19 y de lo que aún como país no acusamos recibo.
Alexander Kliwadenko R.
Socio Aylwin Matta
