Vicios de la “Ley de Amarre”
Señor Director:
En relación con la crónica del pasado 3 de diciembre en DF, titulada “Nuevo debate genera idea del Ejecutivo de eliminar criterio Dorothy para renovar contratas en sector público”, quisiera destacar dos aspectos. Por un lado, de prosperar la pretendida modificación legal, la ley resultante estaría desviada en su fin, pues su único propósito no sería otro que forzar a la Contraloría a que se pronuncie respecto de la aplicación del principio de protección de la confianza legítima a los funcionarios públicos a contrata, en circunstancias de que en el dictamen E561358-2024 ya resolvió abstenerse, al calificar tal materia como “asunto litigioso”, dada la existencia de criterios dispares entre la jurisprudencia de la CGR y de la Corte Suprema (CS). Ello, en aplicación de lo previsto en el artículo 6º de la Ley 10.336, criterio que ha sido respaldado por la CS. Por otro lado, de prosperar la pretendida modificación, importaría una intromisión indebida en las atribuciones exclusivas y excluyentes de la Contraloría, con grave lesión a su autonomía constitucional (artículo 98, inciso 1º, de la Constitución).
Cristian Román Cordero
Profesor de Derecho Administrativo, Universidad de Chile
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