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Acuerdo caso La Polar: velando por la defensa de los consumidores y un mercado más competitivo

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Hace unos días el Primer Juzgado Civil de Santiago acogió la propuesta compensatoria presentada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para dar solución al caso La Polar. En ella, a través de un acuerdo histórico -que prioriza todos los recursos de la compañía para compensar la totalidad de los afectados, no tranza ningún principio y no debilita ninguno de los instrumentos que tienen los consumidores para hacer valer sus derechos- se resuelve en favor de los consumidores uno de los mayores escándalos financieros de los que hemos sido testigos.

En julio de 2010, la demanda colectiva interpuesta por este organismo en contra de la multitienda, hizo públicos los abusos cometidos durante diez años en contra de cerca de un millón de personas, a quienes se les repactaron unilateralmente sus deudas, muchas de ellas en más de una ocasión.

Las infracciones cometidas fueron el incumplimiento del derecho a la libre elección del bien o servicio y contractual; a una información veraz y oportuna; y el menoscabo del consumidor, debido a fallas o deficiencias en la calidad del bien o servicio.

La magnitud del caso -determinada por la cantidad de consumidores afectados, el tiempo durante el cual se cometieron estos abusos y la gravedad de las infracciones- hizo que la aplicación de las sanciones ideadas por los legisladores, pudiese tener como resultado la quiebra de la empresa.

Si bien para muchos éste es el castigo justo por los abusos cometidos y una sanción ejemplificadora, significaría el despido de cerca de 8.000 trabajadores, la desaparición de un actor importante dentro de un mercado altamente concentrado como el retail y que ninguno de los consumidores afectados recibiera ningún tipo de compensación.

El Ministerio de Economía tiene un compromiso fundamental con el respeto integral de los derechos de los consumidores, pero en igual medida con la construcción de una economía sana, con más empleo y más actores. Por lo mismo, durante este año trabajamos en la búsqueda de una solución que garantizara la defensa integral de los derechos de los consumidores afectados y la viabilidad de la compañía.

El resultado de todo este trabajo es la concreción de un acuerdo histórico, en el cual la propia empresa reconoce sus infracciones, revierte su conducta y ofrece una reparación a quienes vieron vulnerados sus derechos, en una operación que tendrá un costo de US$ 685 millones.

Así, a aquellos clientes que ya pagaron sus deudas repactadas de manera unilateral, se les devolverá reajustado todo lo que se les cobró indebidamente, como intereses abusivos, comisiones, seguros y otros cargos.

En el caso de quienes posterior a este cálculo aún posean saldos pendientes, éstos se recalcularán con un interés preferencial y podrán ser pagadas en tres años, sin ningún tipo de gravamen. Todo lo anterior no impide que aquellos consumidores que consideren que el daño sufrido fue mayor, demanden por indemnizaciones.

Hoy los beneficios de una economía social de mercado están a la vista. Si bien el escándalo de La Polar no representa el espíritu empresarial de nuestro país, no podemos desconocer el gran impacto y daño que este caso generó en la ciudadanía.

Así, el desafío como país es uno y claro: dar garantías y transparencia a los consumidores, generar confianzas y aumentar la competencia, porque todo ello nos permitirá desarrollar una sociedad más justa en la cual todos los actores juguemos en igualdad de condiciones.

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