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Alto contrasteLibre competencia y proteccionismo: revisemos la institucionalidad
ANA MARÍA MONTOYA Economista, Red Procompetencia, Académica Escuela de Gobierno UAI
Ana María Montoya
En el contexto actual, el proteccionismo económico impulsado por Donald Trump está distorsionando la competencia en los mercados internacionales, lo que sin duda tendrá efectos locales directos e indirectos. Esto nos recuerda que enfrentamos desafíos que son parte de políticas públicas que pueden implementarse para mitigar los efectos sobre el crecimiento.
Existen ejemplos sobre cómo el Estado puede estar más atento a regulaciones que inicialmente tuvieron un propósito claro respecto de las condiciones de competencia, pero que requieren revisión ante los cambios, por lo que es crucial que sean ajustadas para beneficiar a los usuarios y aumentar la competitividad.
“El TDLC y la FNE, ambos con recursos limitados, no pueden encargarse de revisar permanentemente las fricciones en todos los mercados”.
Después de años de litigios en el mercado de medios de pago con tarjetas, el TDLC decidió que, cuando el principal operador adquiriente, Transbank, tenga una participación inferior al 50% de las transacciones, el margen fijado a los comercios y otros actores podrá desregularse. Esta medida se justifica porque no tendría base económica en el poder de mercado de este actor y puede limitar significativamente la competencia y la entrada de nuevos competidores.
Otro ejemplo es el caso de VTR, en análisis en el TDLC, firma que solicitó eliminar regulaciones impuestas tras la fusión VTR/Metrópolis en 2004. Argumenta que generan asimetrías y que su posición ya no justificaría las condiciones impuestas en el mercado de telecomunicaciones.
Otro caso es el del mercado del gas. El Ministerio de Energía convocó en 2023 a un comité de expertos para elaborar propuestas regulatorias y modificaciones, que el cual analizó las falencias del modelo de tarificación de la empresa eficiente, extensibles a otros mercados regulados, así como los problemas que genera la regulación de rentabilidad. Sin embargo, por contingencias, estos temas han quedado pendientes.
Surge entonces la gran pregunta: ¿no podemos como Estado establecer alguna institucionalidad ajena a los intereses en litigio de las empresas o a la coyuntura política, que revise en profundidad las regulaciones y los mercados de mayor relevancia para los consumidores, con el fin de contar con mecanismos más expeditos y eficientes para sugerir modificaciones?
El TDLC y la FNE, en sus diversas actuaciones, son ejemplos en este sentido. Sin embargo, un tribunal especializado que debe resolver litigios variados y la FNE, con su rol disuasor de investigación, y ambos con recursos limitados, no pueden encargarse de revisar permanentemente las fricciones en todos los mercados.
Una posible solución se encuentra en el proyecto de ley que crea la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, un órgano técnico que tendrá como objetivo promover, velar y evaluar la eficiencia y eficacia de programas sociales y no sociales para aumentar el bienestar, las ganancias en productividad y fomentar buenas prácticas regulatorias. Esperamos que pronto vea la luz.
