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Alto contrasteDiplomacia alimentaria: ¿sufren más los productores o la marca país?
CARLOS CRUZ INFANTE Director de lunae advisory
Carlos Cruz Infante
El desprestigio de ciertas industrias, muchas veces justificadamente —otras, no tanto—, no es nuevo. La minería, la industria forestal, la ganadera, todas han sido blanco de críticas. Sin embargo, en la industria alimentaria, la cosa es distinta. Cuando se levantan sospechas sobre el riesgo para el consumo humano de un producto, la cuestión se vuelve política. Se activan las alarmas sanitarias y se establecen prohibiciones preventivas.
Hace más de tres décadas, Chile vivió la crisis de “las uvas envenenadas”, cuando en 1989 autoridades estadounidenses aseguraron haber detectado restos de cianuro en uvas de mesa provenientes del país. EEUU prohibió la importación de toda fruta originaria de Chile, medida a la que se plegaron Canadá y Japón. Se podría creer que los mas perjudicados fueron los productores. ¿Seguro? El problema de fondo fue una crisis diplomática que mantuvo a los Presidentes Aylwin y Frei haciendo malabares para recuperar la confianza de los mercados en el sector frutícola nacional.
“Tras la crisis de las uvas envenenadas, hace más de tres décadas, no fue el sector privado el que enfrentó los mayores costos. Nuevos episodios, en otros ámbitos, recrean el impacto a nivel país”.
Esta historia se repite hoy. Miremos el caso del salmón, el segundo producto más exportado por Chile, después del cobre. Se sabe poco sobre las campañas articuladas desde fuera del país para desprestigiar a la industria. Probablemente, algunas demandas sean justificables, considerando que siempre hay ámbitos mejorables y nuevos estándares por adoptar. Sin embargo, muchas hacen dudar sobre las intenciones subyacentes.
Recientemente, la Contraloría objetó el acuerdo de 2024 entre Sernapesca -organismo regulador- y Oceana, una de las ONG más activas en causas de conservación marítima del mundo. Oceana ofrecía su plataforma interactiva para publicar datos sobre la operación y escapes de salmones en centros de cultivo. La decisión de la Contraloría fue acertada, no solo por la falta de una licitación que estableciera condiciones y transparentara el proceso, sino por las críticas que la ONG arrastra provenientes de diversas instituciones. Sustainable Fisheries UW, un grupo de científicos de la pesca de la Universidad de Washington, exhibió en 2018 cómo Oceana Canadá sesgó los muestreos de sus análisis para demostrar la existencia de malas prácticas en ese país, de las que luego habló con un “lenguaje alarmista”, potenciado por una visión “reduccionista” de la industria pesquera. En 2023, los académicos cuestionaron otro informe, en el que “Oceana y su comunicado de prensa excluyeron contexto importante, lo que indujo a los principales medios de comunicación a hacer eco de una narrativa catastrofista”.
No es el único actor al que hay que poner atención. En octubre de 2024, el Consejo de Investigación de Noruega, una entidad financiada por el Estado escandinavo, decidió costear un estudio por aproximadamente US$ 1,2 millón, titulado “El lado oscuro de la sostenibilidad: Noruega y el auge y caída de la salmonicultura en Chile”. Parafraseando al profesor que ganó el fondo: “La regulación chilena, mucho más liberal que la noruega, resultó en muertes de trabajadores de las granjas de salmón y en el uso de antibióticos a niveles estratosféricos”. Como atenuante, la industria del salmón chilena sostiene que no se ha demostrado el impacto en humanos del uso de antibióticos para tratar enfermedades en salmones y que, aun así, éste se ha reducido considerablemente.
Con independencia del debate sanitario, Noruega lidera la producción mundial de salmones y su principal competencia es, de hecho, Chile. Las motivaciones de la investigación dan paso a dobles lecturas, sin duda.
Estas narrativas han provocado impacto real. En abril de 2025, chefs de Santiago y del sur del país anunciaron que dejarían de cocinar salmón chileno, en línea con el movimiento Off The Table del Reino Unido. Norfisherman, un vendedor de salmón en Etiopía, ha advertido que, en comparación con el salmón noruego, el chileno presenta “reparos respecto de su impacto ambiental”, junto con apuntar hacia “la variable calidad de su alimentación y el potencial uso de antibióticos”. En paralelo, Rusia y Tasmania han prohibido o restringido la importación de salmón chileno.
Cuánto de estas acusaciones es real es materia de análisis científico. No obstante, tan relevante como ello es la percepción que generan. Así como este mes el Servicio Agrícola Ganadero lanzó el plan “NO a la mosca de la fruta, Chile exporta confianza”, con el fin de blindar la marca país en Estados Unidos, de cara a la temporada exportadora de la uva de mesa, es imprescindible que la Cancillería -a través de ProChile, por ejemplo- adopte una mirada estratégica de mapeo, evaluación y alerta en torno a las percepciones del país en el extranjero, con criterios de evidencia verificable, trazabilidad de fuentes y proporcionalidad del riesgo. Sufre más la marca país que los productores; bien lo supieron los presidentes Frei y Aylwin.
