Constitución ecologista e indigenista: ¿Y los chilenos?

SUSANA JIMÉNEZ SCHUSTER

Desde que se inició el proceso constituyente se generaron instancias de discusión en que se analizaron distintas propuestas en materia medioambiental. En foros y seminarios se buscó proponer para el texto constitucional una mirada renovada, que condujera simultáneamente hacia el progreso social, el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente, poniendo a las personas y su bienestar en el centro.

La ruta escogida por la Convención fue muy diferente. El primer paso lo dio el nombre de la “Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico”. El orden de prioridades quedó claro. El ultra ecologismo se tomó la discusión con propuestas desmedidas que enfrentaron numerosos traspiés y rechazos en la ciudadanía y en el Pleno.

“Resulta sorprendente haber perdido la oportunidad de proponer una buena Constitución, habiendo contado con tan abrumador apoyo inicial”.

Hoy vemos, con el borrador definido, que no se logró un texto razonable, aunque las propuestas más radicales -como nacionalizar la minería- quedaron en el camino. El bienestar de la persona fue desplazado como eje, anteponiéndose la naturaleza por sobre el ser humano. Se consagra que “la naturaleza tiene derechos”, acción popular para cautelarlos y su propia Defensoría. Además, se crea la categoría de bienes comunes naturales, de aprovechamiento restringido. Por su parte, agua, aire, mar y playas serán inapropiables, poniendo en riesgo desde la actividad agrícola y la pesca, hasta la generación de energía eólica.

Las consecuencias son para todos. Si vive del campo, perderá la propiedad del agua, no podrá usarlo como garantía para acceder a créditos e inevitablemente verá cómo se desvaloriza su tierra. Si se dedica a la crianza animal, cuidado con afectar su sintiencia, porque impactará la producción de carnes, lácteos y hasta el control de plagas. Si busca desarrollar una obra, no vaya a tocar nada, pues tendrá a varios activistas exigiendo respetar los derechos de árboles y pájaros a permanecer en su hábitat inalterado.

Pero no sólo hay una evidente preeminencia de la naturaleza, sino que además la propuesta privilegia, por el solo hecho de su cuna, a unos chilenos por sobre otros. Así, dependerá del origen si se goza o no de derechos preferentes sobre territorios y recursos. La reclamación de tierras por parte de los pueblos indígenas ya no estará limitada a la macrozona sur, sino a casi todo el territorio nacional que haya sido habitado por alguna etnia, lo que aumentará la conflictividad. Peor aún, la propiedad indígena será más protegida que la de un chileno corriente. Incluso más, si usted quiere emprender en territorio indígena, requerirá de su consentimiento o, mejor dicho, de su permiso. Suerte con eso!

Resulta sorprendente haber perdido la oportunidad de proponer una buena Constitución, habiendo contado con tan abrumador apoyo inicial. Afortunadamente, hay caminos alternativos que podrían conducir a una reforma real y efectiva a la Constitución vigente, que debieran, como mínimo en estas materias, incorporar principios universales, como el Desarrollo Sostenible, establecer garantías ambientales bajo el concepto de “entorno sano”, consagrar el reconocimiento de los pueblos originarios para promover su cultura y desarrollo y conciliar estos derechos de manera razonable y justa con el resto de la ciudadanía, elevar el reconocimiento del agua como bien nacional de uso público a rango constitucional y garantizar su acceso como derecho humano.

Hay mucho por hacer, pero hay que hacerlo bien. El costo de equivocarse es demasiado alto.