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Alto contrasteContribuciones: ¿por qué pago lo que pago?
GONZALO POLANCO Director Centro de Estudios Tributarios, FEN, Universidad de Chile
Se ha vuelto a levantar la polémica por el pago de las contribuciones de bienes raíces. Y es que, en días recientes, han aparecido cartas en los diarios, que señalan que el monto a pagar por este concepto aumenta, en circunstancias que los ingresos se reducen, especialmente después de jubilar, o reportajes en los que se da cuenta de un aumento considerable de los avalúos. Hay quienes, por ejemplo, se preguntan por qué si sus propiedades han disminuido de precio, sus avalúos aumentan.
Este ambiente ha dado pie a que se vuelva a discutir sobre la viabilidad de la propuesta de eximir a las primeras viviendas del pago de este impuesto. El año pasado se recaudaron $ 2.529.081.000.000 millones por Impuesto Territorial. De esa suma, el 60,63% fue al financiamiento del Fondo Común Municipal, que distribuye sus recursos a los municipios de menores recursos. La diferencia se queda en las comunas en donde se recauda. Por tanto, cualquier propuesta que implique una disminución significativa de estos recursos para las municipalidades, debería ir acompañada de un plan viable para compensar estos montos.
“Los sistemas impositivos descansan, en buena medida, en el cumplimiento voluntario y este depende de que los contribuyentes estimen que pagan lo justo. Si no comprenden por qué aumentó el monto del impuesto a pagar, comenzarán a rehuir el pago, seguramente a través de maniobras elusivas”.
Al no existir por el momento dicho plan, debemos aceptar que el impuesto nos seguirá acompañando. Por muchos años. Y es aquí donde aparecen las oportunidades de mejorar el proceso.
A diferencia de otros impuestos, como renta o IVA, en los que el contribuyente autodetermina el monto adeudado, en el impuesto territorial dicha posibilidad no existe. Es la autoridad tributaria la que indica el monto a pagar. Al contribuyente se le notifica la suma y tiene –al menos en teoría– la posibilidad de reclamar del acto administrativo de determinación, pero en los hechos, la posibilidad de hacerlo es muy restringida.
La determinación del avalúo fiscal considera el valor del terreno y la construcción. A su vez, cada una de estas dos variables toma en cuenta otros aspectos. En el caso de la construcción, por ejemplo, influirá el tamaño, la calidad de la construcción y la antigüedad.
También, el SII libera, antes de cada proceso de reavalúo, antecedentes necesarios para la determinación del impuesto. Así lo hizo, por ejemplo, en la Resolución N°143 de diciembre de 2021. El monto por pagar se traduce en una fórmula, y dicha fórmula se conoce, a través de las resoluciones del SII, pero el contribuyente desconoce cómo jugó cada uno de los elementos de esta para arribar al número que afecta a cada contribuyente. Se sabe que una construcción de hormigón implicará un pago superior a una de madera, pero no se sabe en cuánto.
Para una persona sin conocimientos especializados, no es posible sobre la base de los antecedentes que son de conocimiento público llegar a la determinación del monto que debe pagar. Por tanto, solo le queda reclamar sin tener claro sobre qué o, bien aceptar lo que ha indicado la autoridad.
Este hecho atenta seriamente en contra de la legitimidad del impuesto. Los sistemas impositivos descansan, en buena medida, en el cumplimiento voluntario y este depende de que los contribuyentes estimen que pagan lo justo. Si no comprenden por qué aumentó el monto del impuesto a pagar, comenzarán a rehuir el pago, seguramente a través de maniobras elusivas.
Falta educación, pero, sobre todo, información clara. Un aplicativo que, al igual que los asistentes que pone a disposición la autoridad, permitiera establecer con facilidad el monto a pagar avanzando de esta manera hacia una determinación en que el contribuyente juegue un rol más activo, proporcionando información verificable y de manera asistida, para que así se logre entender por qué paga lo que paga. De esta manera, entregaríamos mayor legitimidad al sistema.
