Cuando el deber fiduciario choca con la política: el caso Los Andes Copper
ALFREDO ENRIONE Director Centro de Gobierno Corporativo y Sociedad ESE Escuela de Negocios, U. Andes
El martes de esta semana, la minera canadiense Los Andes Copper protagonizó un episodio que ha sido calificado de “imprudencia” por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella. La empresa emitió un comunicado informando que su CEO, Santiago Montt, renunciaba para asumir como ministro de Minería del Gobierno de José Antonio Kast, horas antes de que el Presidente electo realizara el anuncio oficial de su gabinete. El resultado: Montt fue bajado de la nómina y Daniel Mas terminó asumiendo como biministro de Economía y Minería.
La interpretación dominante ha sido que la empresa cometió un error de comunicación, una torpeza de relaciones públicas que le costó el cargo a su propio ejecutivo. Pero existe una lectura alternativa, menos cómoda políticamente, pero más rigurosa desde el gobierno corporativo: el directorio de Los Andes Copper hizo exactamente lo que debía hacer.
“El comunicado de Los Andes Copper puede leerse como falta de ‘sintonía fina’ con los protocolos de ‘La Moneda chica’, pero también, como evidencia de un gobierno corporativo que no cedió a presiones implícitas para subordinar sus obligaciones legales a los tiempos del ritual político”.
La camisa de fuerza regulatoria
Los Andes Copper no es una empresa chilena. Es una compañía canadiense listada en la Bolsa de Vancouver (TSX-V), sujeta a las estrictas normas de divulgación del mercado de capitales canadiense. La Política 3.3 de la TSX-V es inequívoca: la información material debe ser divulgada “inmediatamente después de que la administración del emisor tome conocimiento de su existencia”.
¿Es la renuncia de un CEO información material? Sin duda. Es información que razonablemente puede afectar el precio de la acción. ¿Existía ya conocimiento de esta información? Múltiples medios chilenos habían reportado el nombramiento durante la mañana. El nombre de Montt circulaba en los “trascendidos” políticos que el propio Squella ahora critica.
He aquí el dilema del directorio: si la información ya está filtrándose al mercado a través de canales informales, retener el comunicado oficial expone a la empresa a acusaciones de asimetría de información, o peor, de facilitar insider trading. Los directores enfrentaron una decisión binaria: cumplir con el regulador financiero o esperar la venia del Presidente electo.
Independencia que incomoda
Eligieron lo primero. Y eso, paradójicamente, es exactamente lo que esperamos de un directorio con directores independientes que funcionan correctamente.
La independencia del directorio no es un atributo decorativo que se activa solo cuando conviene. Es un deber fiduciario que obliga a los directores a priorizar los intereses de la empresa y sus accionistas por sobre cualquier otra consideración, incluyendo la conveniencia política de un futuro Gobierno.
El comunicado de Los Andes Copper puede leerse como una falta de “sintonía fina” con los protocolos de “La Moneda chica”. Pero también puede leerse como evidencia de una estructura de gobierno corporativo que no cedió ante presiones implícitas para subordinar sus obligaciones legales a los tiempos del ritual político.
La colisión de dos mundos
Lo que presenciamos el martes no fue un error de gestión, sino una colisión de protocolos. El mercado de capitales valora la transparencia, la inmediatez y la simetría de información. La alta política valora la reserva, el simbolismo del anuncio oficial y el control del relato. Son lógicas incompatibles.
Un directorio más experimentado en las complejidades del mercado chileno quizás habría coordinado un trading halt —una suspensión temporal de transacciones— para sincronizar el reloj bursátil con el reloj político. Esa habría sido la solución técnica óptima. Pero la ausencia de esa coordinación no convierte la decisión del directorio en un acto de imprudencia; la convierte, en todo caso, en un acto de cumplimiento normativo imperfectamente ejecutado.
La lección incómoda
Hay una ironía en este episodio. Los mismos sectores que celebran la llegada de un Gobierno proinversión y prominería deberían reconocer que el comportamiento de Los Andes Copper es exactamente el tipo de institucionalidad técnica que atrae capital extranjero. Las empresas listadas en mercados desarrollados operan bajo una “camisa de fuerza” regulatoria que a menudo es incomprendida —o ignorada— por los actores políticos locales.
Si queremos que Chile sea un destino atractivo para la inversión minera de capitales foráneos, debemos aceptar que esas empresas responderán primero a sus reguladores y accionistas, no a los protocolos de cortesía de La Moneda. Eso no es una afrenta; es simplemente cómo funcionan los mercados de capitales serios.
El costo para el proyecto Vizcachitas está por verse. La relación con el nuevo Gobierno partió con el pie izquierdo, y obtener los permisos sociales y ambientales requerirá ahora un esfuerzo adicional de reconstrucción de confianzas. Pero el directorio de Los Andes Copper puede al menos mirarse al espejo sabiendo que cumplió con su deber fiduciario.
En gobierno corporativo, eso se llama independencia. Aunque a veces duela.
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