Derecho de propiedad con letra chica

Karol Fernández

El subsecretario de Previsión Social Christian Larraín confirmó la semana pasada que dentro de la reforma de pensiones que trabaja el Gobierno, las AFP no tendrían espacio para participar de la administración de los nuevos ahorros previsionales que ingresen al sistema. Este este anuncio viene a contradecir la opinión de la mayoría de los chilenos: en marzo de este año Cadem señaló que el 82% de los entrevistados estaba de acuerdo con que los trabajadores tengan la libertad para escoger quién administre sus fondos previsionales: una AFP o un organismo público.

Las bajas pensiones en Chile no son causadas porque las AFP hayan incumplido su mandato: entregar altas rentabilidades reales en el largo plazo. De hecho, de cada $ 1.000 que un trabajador tiene ahorrado en su cuenta individual, cerca de $ 750 proviene de las rentabilidades obtenidas y sólo $ 250 corresponde a sus cotizaciones.

“Introducir una administración pública centralizada elimina la libertad de los trabajadores de elegir quién administre sus fondos, y pone en riesgo el derecho de propiedad de los ahorros futuros”.

Pero la rentabilidad no es suficiente para asegurar pensiones dignas, y es aquí donde el rol del Estado es clave en dos sentidos. Primero, entregando un piso de protección social a través del otorgamiento de pensiones solidarias no contributivas. En esta línea se avanzó como nunca tras la introducción de la Pensión Garantizada Universal (PGU) en febrero de 2022, que entrega un beneficio de $ 193.917 a todos quienes no estén dentro de un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población mayor de 65 años.

Segundo, fortaleciendo el pilar contributivo en concordancia con la realidad demográfica del país. En esta línea es donde el Estado se mantiene al debe con los chilenos. La falta de acuerdos políticos ha impedido la ejecución de una reforma que mejore el actual pilar de capitalización individual, incorporando, por ejemplo, la cotización de los empleadores; la modernización del esquema de inversiones de las AFP; una mejora en la regulación y supervisión de las administradoras; y la disminución en la evasión y elusión de las contribuciones previsionales.

En este sentido, desmantelar las AFP no parece obedecer a ninguna razón técnica, sino más bien a sesgos ideológicos. Introducir una administración pública centralizada elimina la libertad de los trabajadores de elegir quién administre sus fondos, y pone en riesgo el derecho de propiedad de los ahorros futuros. El Estado se convierte en “juez y parte”, peligrando la objetividad de la regulación y supervisión del sistema. Podría, además, generarse verdaderos conflictos de interés en la gestión de inversiones y que los portafolios sean influenciados por presiones políticas.

Espero que el camino que se tome sea el de continuar por fortalecer la solidaridad y robustez del sistema actual, pero no a través de introducir impuestos al trabajo formal mediante el desvío de parte de las cotizaciones a un esquema de reparto, que sólo fomentaría la informalidad, ni tampoco obstruyendo el derecho de propiedad de los trabajadores sobre su ahorro previsional actual ni futuro.