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Derechos sociales, universalidad y ciudadanía

Eduardo Fuentes Investigador Universidad del Desarrollo

Por: Eduardo Fuentes | Publicado: Viernes 6 de mayo de 2022 a las 04:00 hrs.
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Eduardo Fuentes

Muchos celebran la aprobación por parte de la Convención de una serie de derechos socia-les, ya que comprometería al Estado a asegurar prestaciones universales de ciertos servicios. Sin embargo, vale la pena preguntarse por qué desearíamos tales derechos sociales.

Hay varias razones que pueden esgrimirse en favor de un Estado social con prestaciones universales. Por ejemplo, se puede creer que un sistema único de salud podría ofrecer a la mayoría de la población atención de mejor calidad. Argumentos de ese tipo requieren ser apoyados por evidencia empírica, y en principio quienes los sostienen deberían estar dispuestos a aceptar que un sistema privatizado, en mayor o menor medida, podría ser más eficiente que uno público universal.

“No hay nada egoísta o individualista en establecer, democráticamente, instituciones comunes que favorezcan la focalización o la privatización de servicios básicos”.

No parece ser eso lo que está en la mente de los defensores del Estado social. Las justificaciones suelen ser normativas: las prestaciones universales garantizadas por el Estado son moralmente superiores. ¿La razón? Expresan nuestra común ciudadanía, el hecho de que ser “miembro de la comunidad política quiere decir que uno asume un cierto grado de responsabilidad por todos”, como sostienen los autores de “El Otro Modelo”. Los derechos socia-les le dan contenido al hecho de vivir juntos, a nuestra común ciudadanía. La alternativa “neoliberal” implica optar por una sociedad segregada.

Ese razonamiento es erróneo. Cierto, ser conciudadanos implica que hemos de vivir en instituciones comunes. También es cierto que estas instituciones no pueden ser ajenas a nuestra común decisión política; de otro modo, no serían el contenido de una ciudadanía democrática. El problema consiste en concluir que ello implica la participación en un mismo régimen de prestaciones para de ese modo, “dar cuenta del hecho de que nuestros intereses son comunes”, como ha afirmado el convencional Atria en sus escritos.

Seamos claros. No hay nada egoísta o individualista en establecer, democráticamente, instituciones comunes que favorezcan la focalización o la privatización de servicios básicos. Podemos perfectamente expresar nuestra común ciudadanía al determinar que el mejor modo de hacernos cargos del bien común es rechazar las prestaciones universales. Eso no significa que abandonamos la política a las frías manos del mercado, porque no abandonamos nada.

Un régimen sin un sistema único de salud es una institución común si está sometido a ciertos estándares democráticos. Muestra intereses comunes, a saber, el interés en contar con un sistema en el que las personas puedan optar entre la salud pública o la estatal. Creer lo contrario es simplemente asumir de antemano cuáles son los intereses que pueden tener las personas.

Ocurre algo semejante con la segregación que produce un sistema “neoliberal”. Es verdad que un sistema con amplia participación de privados permite que los ciudadanos nos separemos en distintos grupos. Tal sistema puede resultar en una salud para ricos y otra para pobres, lo que –nos dicen– dañaría nuestra común ciudadanía. No obstante, ¿es acaso impensable que creamos que la mejor manera de preocuparnos por nuestros conciudadanos sea focalizar los recursos en los más pobres? No lo niego: esta segregación tiene muchas veces consecuencias negativas. Pero dichas consecuencias son algo esperado y no desea-do, y por lo tanto un régimen subsidiario puede buscar maneras de hacerlas menos gravosas.

La supuesta superioridad moral de los derechos sociales entendidos al modo universalista descansa en una concepción limitada de la ciudadanía.

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