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Alto contrasteDF Tax | Gasto tributario: algunas reflexiones
Por Darío Romero, socio de Impuestos Internacionales y Transacciones de EY.
A inicios de este mes, el SII publicó un análisis de gasto tributario, en que proyecta la recaudación no percibida entre los años 2025 y 2030. Este proviene de todas las franquicias que el Estado otorga a ciertos sectores, que les permite pagar menos impuestos que a otros. Estas franquicias usualmente responden a la premisa de que bajar impuestos estimulará la economía o logrará algún otro efecto deseable (como dar mayor profundidad del mercado de capitales). Hasta podríamos llamarla inversión tributaria, ya que el Estado en efecto invierte en estos sectores al no cobrarles impuestos.
El informe estima que el gasto tributario para el 2026 alcanza el 2% del PIB (en 2024 el déficit fiscal efectivo fue de 2,9%), siendo las mayores categorías los estímulos al ahorro y la inversión, y a las PYMEs, que sumados representan del orden del 50% del gasto tributario. Visto así, pareciera que sería bastante fácil simplemente derogar todas estas exenciones, y lograr instantáneamente una mayor recaudación. Pero la realidad es rara vez tan sencilla -es sabido que los contribuyentes ajustan sus conductas en respuesta a reformas-. Esto no es una falla del informe, que reconoce que no incluye los cambios de conducta.
La partida individual más relevante (0,18% del PIB) es el crédito IVA para la construcción (el CEEC, que sigue vigente transitoriamente), que podría incrementar el precio de la vivienda, como en su momento advirtió la Cámara Chilena de la Construcción. La derogación de la exención de 8.000 UF a las ganancias por la venta de inmuebles (total hasta 2014), que representa un 0,12% del PIB, podría hacer menos atractiva la venta de viviendas usadas. Un efecto posible sería que quienes no sean dueños de inmuebles opten por arrendar, lo que significaría que la reducción de la exención no recaudaría mucho en la práctica. La menor construcción generaría una disminución en la recaudación por IVA. Además, para muchos podría ser más difícil ser dueño de una vivienda, lo que podría estimarse indeseable -además el CEEC era un componente crítico en proyectos de viviendas sociales-. Si esta baja de demanda se sostiene en el tiempo, los precios de las viviendas puede que bajen también, lo que también significaría una menor recaudación.
Como ejemplo reciente de lo difícil que es predecir recaudación, tenemos la modificación a la tributación de las ganancias de capital (se estableció un 10% sobre la ganancia obtenida en ventas de acciones con presencia bursátil), que recaudó un 12% de lo proyectado. Esta exención se creó en 2001, y sabemos que las transacciones se incrementaron fuertemente (aunque sería algo osado decir que el único factor fue la exención). Recordemos que este impuesto fue establecido para financiar la PGU, por lo que el gasto que financiaba debe solventarse de otro modo.
¿Significa esto que todas las exenciones debieran mantenerse? No, y quizás convenga crear otras. Para bien o para mal, en los últimos 11 años se han eliminado muchas. Evidentemente que su derogación afecta a sus beneficiarios, pero eso no significa necesariamente que el país en su conjunto no se beneficie. ¿Es preferible mantener un precio más accesible de la vivienda o financiar mejores pensiones? Estas son interrogantes en parte empíricas, y en parte valóricas. Sin embargo, para que se pueda decidir un tema valórico (¿preferimos mejores precios de viviendas o mejores pensiones?), es necesario contar con buenas estimaciones, y así tener una mejor visión de los efectos que bajan en cascada al resto de la economía. De lo contrario estamos (¿seguiremos?) dando palos de ciego.
