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Alto contraste
Durante la última década, inspirados por la posición de Thomas Piketty en cuanto a que las rentas del capital estaban sub-gravadas, Chile emprendió una serie de reformas tributarias que elevaron la carga sobre el capital, sin reparar en los efectos prácticos sobre la inversión y el crecimiento. Lejos de fortalecer la competitividad y la inversión, estas reformas han sembrando distorsiones profundas en la economía.
Los resultados están a la vista. Chile cayó del puesto 22 en 2014 al puesto 28 en 2025 en el International Tax Competitiveness Index de la Tax Foundation entre los países de la OCDE. Este retroceso no es casualidad: responde, en gran parte, a cómo se ha tratado la tributación del capital.
La principal reforma fue el aumento de la tasa de impuesto a las empresas del 20% al 27%, junto con una limitación al crédito contra los impuestos personales. A ésta se sumaron múltiples enmiendas menores, que en conjunto han tenido un efecto igual de importante: restricciones al uso de pérdidas tributarias, cambios al FUT que desincentivaron la reinversión, eliminación de exenciones para ganancias de capital bursátil y tasas que llegan hasta 40% en ganancias no bursátiles.
Por otra parte, las rentas de inversiones pasivas en el extranjero también dejaron de beneficiarse de diferimiento por reinversión y pasaron a tributar con gran intensidad (hasta 40%). En paralelo, se sumaron gravámenes como la sobretasa a los patrimonios inmobiliarios múltiples y la patente municipal para sociedades de inversión (que puede equivaler, fácilmente, a un 10% adicional de impuesto sobre la renta).
Todo esto, en un contexto en que las interpretaciones y acciones de fiscalización del SII son muchas veces restrictivas, fiscalistas, poco racionales y generadoras de incertidumbre y costos adicionales.
Esta cadena de reformas no afecta solo a quienes pagan los mayores impuestos, sino que repercuten en toda la economía. Tasas elevadas a las rentas de capital empujan a los inversionistas hacia instrumentos de inversión que privilegian la apreciación por sobre la generación de flujos, especialmente en instrumentos que incorporan alta diversificación (eg, ETFs del S&P 500). Aún peor, desincentivan la venta de activos, generando el conocido “lock-in effect”. El capital queda atrapado en inversiones que no fomentan la toma de riesgos específicos, las decisiones de inversión se postergan y la reasignación eficiente de recursos queda bloqueada. De paso, producto del cambio de conducta, la recaudación tributaria también termina siendo mucho menor a la esperada.
Hay un efecto dominó: en el mercado inmobiliario, propietarios que evitan vender para no gatillar impuestos reducen artificialmente la oferta, encareciendo la vivienda; en el mercado de capitales, los inversionistas mantienen sus posiciones en vez de destinar capital a nuevos proyectos; proyectos que debieran ser viables no los son, empresas que debieran venderse para fusionarse con otras se mantienen independientes, y negocios que deberían cerrarse siguen operando.
Frente a esto, no se trata de eximir a las rentas del capital de tributación. Se trata de reconocer que la estructura actual castiga decisiones económicas legítimas y favorece la inmovilidad, generando un aumento en el costo del capital que daña toda la economía. En una década, pasamos de un sistema que fomentaba la inversión a uno que la penaliza y encierra.
El próximo gobierno propone rebajar la tasa del impuesto a las empresas. Es un primer paso importante pero insuficiente. La urgencia es recomponer la eficiencia del sistema en su conjunto: revisar la tributación de las ganancias de capital -hoy el doble del promedio OCDE-, reconsiderar la integración, establecer un impuesto plano y bajo para las rentas pasivas reinvertidas y simplificar un entramado normativo que premia la inmovilidad frente a reasignar capital de manera productiva.
La experiencia internacional es clara: bases amplias, tasas moderadas, reglas simples y pocos espacios para distorsiones. Los límites de la tributación del capital existen, y cuando se sobrepasan, el daño recae en toda la sociedad como menor inversión, menor crecimiento y menor empleo.
Chile necesita una reforma que mire el panorama completo, no solo un ajuste puntual. Lo contrario es seguir en la trampa tributaria en que nos embarcamos en los últimos diez años.
