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Diálogo de corto alcance

Jaime Said

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Jaime Said

Estamos viviendo en un estado ideológico de izquierda con una Democracia Cristiana que está animando con elástico a la nueva coalisión.

Si bien las reformas son necesarias para actualizar sistemas y estructuras políticas, el cambio en la educación, la reforma tributaria y otras han generado una paralización de la economía por falta de coordinación y claridad del gobierno. Así, las inversiones se han detenido y tienen en juego el crecimiento, producto de la mala comunicación de los ministros de este gobierno. Ellos han causado esta tormenta profunda al interior del país. No han sido capaces de explicar y vender sus programas, sino de intentar imponerlos en frío. Han creado un clima de desconfianza antiempresarial y todos sabemos que cuando la confianza se fractura, es muy difícil recomponerla.

Por ejemplo, en materia de educación se pudo partir diciendo que la educación pública necesita estar a la altura de la privada y que para modernizarla se requiere de mayores impuestos. Todos los chilenos entienden algo tan simple. Está a la vista la calidad de la educación pública. Para dar un salto es necesario homologar los estandares de educación. En cambio, el gobierno inició una cruzada lingüística contra el lucro que representa el 8% de la educación privada. Esto, con el objetivo de demoler la educación subvencionada que forma parte de un tercio del total.

La educación pública actualmente representa el 60% del universo de los estudiantes del país y nada se indica respecto de un plan serio para su transformación. Esta situación se viene arrastrando hace décadas y dejó en evidencia la desigualdad del sistema educacional público respecto del privado. Así, se estimuló la creación de un sistema mixto para dar solución a la calidad. Si hoy se logra terminar con el esquema mixto, de tal forma que el Estado se haga cargo del 92% de la educación de Chile, se deberá contar con un plan superior al actual. Este modelo ya existe en Finlandia y Alemania y está funcionando con éxito, en donde el Estado garantiza a todos los ciudadanos una educación gratuita de alta calidad. Aquí en Chile será imposible implementar modelos de países desarrollados utilizando el método de improvisaciones. Por ello se hace necesario un detallado cronograma antes de continuar, de tal manera que nos permita cruzar la frontera de la ineficiencia, hacia una administración pública que sobresalga por la igualdad educacional, entendiendo la real factibilidad de transición de un sistema a otro.

La educación de los chilenos está en juego. Si este proceso no se hace bien habremos hipotecado nuestro futuro. Esta delicada decisión no puede ser un idealismo, sino un destino claro y debe realizarse con mucha responsabilidad, bajo una planificación profesional del Estado.

Al menos el ministro de Educación ha salido al extranjero para analizar otros modelos de países desarrollados. Eso es un adelanto, pero lo que molesta es que algo tan evidente lo haga recién ahora, después de haber generado un clima de revolución política en Chile. Solo hay que examinar esos modelos y contratar a expertos de esos países para que implementen un sistema ya probado. Según los modelos desarrollados, el derecho a educarse en un colegio público de calidad tendría que estar disponible para todos los chilenos. Además, dejar que la educación privada se desarrolle dentro de un marco minoritario como el actual. Para esto no se requieren ni marchas ni amenazas, solo se necesita una buena planificación del Estado.

Mientras no se conozca ese programa que permita hacer las transformaciones de calidad necesarias en el sistema de educación público, el gobierno no tendrá un diálogo de fondo con los estudiantes, apoderados y profesores. Este plan debería contemplar la gratuidad total y ser mejor que el sistema mixto, siendo como piso el sistema privado y así se lograría eliminar la desigualdad. Por ahora, reina la incertidumbre dentro de los hogares de cuatro millones de estudiantes y familias chilenas. Así vamos sembrando la desconfianza y la mediocridad en la administración, algo que Chile no se merece, pues el Estado es de todos los chilenos.

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