La regla fiscal fue creada con el fin de desvincular el gasto público de las fluctuaciones cíclicas de la economía. En sus inicios, la meta de balance estructural era un superávit de 1% del PIB, es decir, el nivel de gasto público debía ser menor a los ingresos ajustados por el ciclo del cobre y del PIB en esa magnitud. La crisis financiera global de 2008-2009 marcó un punto de inflexión en esta historia. De ahí en adelante, las cuentas fiscales han registrado persistentes déficit efectivos y estructurales que han llevado a que la deuda pública pase de 4% del PIB a 42% del PIB. En 15 de los últimos 17 años el país ha tenido déficits estructurales. Además, se ha usado gran parte de los fondos soberanos acumulados durante el súper ciclo del cobre de inicios de los 2000. Desde la crisis de 2008, el Gobierno no ha vuelto a ahorrar y ha gastado sostenidamente más que los ingresos que genera.
“Los recortes de impuestos, aunque necesarios, generan el riesgo de elevar el desequilibrio fiscal, si no se avanza en medidas procrecimiento y de eficiencia del gasto”.
No es sostenible mantener este desequilibrio. Estimaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en su informe bianual al Congreso, reflejan que si el déficit estructural se cierra hacia fines del próximo gobierno y en ausencia de shocks, la deuda pública se estabilizará por debajo del nivel prudente de 45% del PIB.
Sin embargo, si el déficit estructural se mantiene en torno a 2% (unos US$ 7.000 millones anuales), cifra cercana a la que se ubicará este año, pero que también ha sido el déficit estructural promedio de los últimos 17 años, las cosas se complican. En ese caso, la deuda pública superará en los próximos años el nivel prudente y el gasto en intereses crecerá de forma sostenida, quitando espacio para otras iniciativas de gasto.
El próximo Gobierno enfrentará entonces una deuda pública cercana a su nivel prudente, escasos ahorros y un desequilibrio fiscal persistente que debe terminar para volver a una senda sostenible. Existen distintas formas de terminar con este problema, aunque ninguna es sencilla. Si lo fuera, ya se habrían implementado. Ayudarán a cumplir este objetivo las medidas que permitan elevar la capacidad de crecimiento de la economía y aquellas que apuntan a recortar gastos ineficientes. Sin embargo, las propuestas de recortes de impuestos, aunque necesarias, generan el riesgo de aumentar el desequilibrio fiscal, si no se avanza decididamente y desde el inicio en las medidas procrecimiento y de eficiencia del gasto.
Es posible que las medidas de ajuste de gasto se puedan implementar desde el inicio, lo mismo que la facilitación de la inversión, que permitirá atenuar los efectos macroeconómicos del ajuste. Sin embargo, las bajas de impuestos que proponen algunas candidaturas deben ser aprobadas por el Congreso, lo que, sin mayorías, será una tarea ardua y tomará tiempo. Finalmente, sobre el debate respecto de la magnitud del ajuste del gasto, dejo planteadas dos preguntas. Existe evidencia reciente en Chile de recortes de US$ 1.000-US$ 2.000 millones. Sin embargo, ¿es esto suficiente hoy?, ¿será necesario hacer algo distinto? Esta es una evaluación que deberán hacer las autoridades del próximo Gobierno.