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Alto contrasteEl Presidente: ¿chair del directorio o gerente general del Estado?
GABRIELA CLIVIO Economista
El pago de un bono adicional al Presidente Gabriel Boric, equivalente al 18% del sueldo bruto y ligado al cumplimiento de metas relacionadas con gestión institucional, transformación digital y enfoque de género, abre una discusión mucho más profunda que la cifra en sí: ¿cómo entendemos, en Chile, el rol del jefe de Estado dentro de la arquitectura institucional del país?
Si pensamos al Estado como una corporación, el rol del mandatario Presidente se parece más al del presidente del directorio que al de gerente general. Su función es fijar rumbo, coordinar a los distintos ministerios y servicios, administrar los grandes riesgos y representar al conjunto frente a los accionistas-ciudadanos. La ejecución cotidiana de las políticas públicas recae sobre los ministros, subsecretarios y jefes de servicio quienes son el verdadero management del “holding Chile”. En el mundo corporativo, esta distinción trae consigo importantes consecuencias en materia de remuneraciones. Las buenas prácticas indican que los directores no ejecutivos deben recibir una compensación principalmente fija con el objetivo de preservar su independencia de juicio, reducir conflictos de interés y alinear al director con el valor de largo plazo de la organización y no con el resultado anual. Solamente cuando el chair asume funciones ejecutivas relevantes, los códigos de gobernanza aconsejan estructuras de pago híbridas.
“Si queremos que nuestras empresas separen nítidamente las funciones de directorio y administración, convendría que el Estado refleje igual disciplina”.
Trasladado al ámbito público, un esquema donde el Presidente participa en un plan de incentivos por metas administrativas lo empuja peligrosamente hacia el terreno del management. Más allá de que el mecanismo sea legal, el problema es conceptual: la rendición de cuentas del jefe de Estado es ante las urnas, el Congreso y la historia y no ante una planilla de indicadores internos. Vincular parte de su remuneración a metas de gestión específicas, transmite la idea de que su desempeño puede medirse como el de un gerente de área. En un contexto de estrechez fiscal y desconfianza, el efecto simbólico no es menor. Lo discutible no es premiar la buena gestión del Estado, sino el nivel en que se fija ese incentivo, pues al igual que en las empresas, la lógica de “pago por desempeño” tiene mucho más sentido en los niveles ejecutivos.
Chile necesita tomarse en serio el discurso de gobierno corporativo. Si queremos que nuestras empresas separen nítidamente las funciones de directorio y administración, convendría que el diseño institucional del Estado refleje la misma disciplina. Lo anterior implica un esquema de remuneración presidencial claro, competitivo y totalmente fijo, separado de los mecanismos de bonos que rigen para la burocracia. Los incentivos del Presidente deben ser de otra naturaleza: reputacionales, institucionales y políticos. La principal “variable” de un jefe de Estado no se paga en pesos, sino en legitimidad y en la solidez de las instituciones que deja detrás.
