DF Tax | El problema no es el qué, sino el cómo

Macarena García

La reforma tributaria ingresada por el gobierno del Presidente Boric tiene por objeto aumentar la recaudación tributaria total en 18,5% aprox. (3,6% del PIB) a través de la modificación de diversos cuerpos legales. Las medidas presentadas, en línea con el programa de gobierno, afectan directamente el ahorro y la inversión. Ello a pesar de las indicaciones recién ingresadas por el gobierno. Ello porque la reforma todavía considera un nuevo impuesto al patrimonio; un aumento del impuesto a la renta por distintas vías; la eliminación de exenciones asociadas a mecanismos de ahorro e inversión; el control de la elusión con mayores atribuciones al Servicio de Impuestos Internos (SII) sin un contrapeso adecuado en el favor del contribuyente; y el royalty a la minería.

Incorporando las indicaciones del gobierno, los puntos más perjudiciales para el ahorro e inversión que aun contiene la reforma son los siguientes.

“En la discusión parlamentaria se tiende a justificar esta reforma tributaria, y a denostar a los que la rechazan, mencionando que es necesaria para financiar necesidades sociales como educación, salud y pensiones. Lo que no se entiende, es que el gran problema de la reforma no está en el para qué, sino que en el cómo”.

La reforma impone una mayor desprotección de los contribuyentes con respecto a un fortalecido SII en materia anti elusión y evasión. Además, el gran esfuerzo por reducir la elusión contrasta con la escasa energía destinada a disminuir la evasión, siendo esta última una conducta ilícita, una competencia desleal y una pérdida importante de recursos fiscales.

Adicionalmente, crea un nuevo impuesto al patrimonio, que se sumará al de herencias y donaciones, a la patente comercial y al permiso de circulación. Se persevera en esta medida a pesar de que la abundante y concordante evidencia internacional evidencia que este impuesto presenta problemas de diseño, implementación, recaudación y control, por lo que ha terminado generando más tensiones que beneficios. Así, de los 14 países de la OCDE que llegaron a tener este impuesto, hoy solo lo mantienen 3.

La reforma aplica un impuesto anual al diferimiento de impuestos personales en las sociedades cuyos ingresos son mayoritariamente rentas pasivas. Esta medida busca equipararse al cobro de una tasa de interés por la postergación del pago de impuestos a las rentas de capital, como si este fuera un préstamo del Estado a la sociedad. Sin embargo, este impuesto pone en desventaja el financiamiento con recursos propios, y por tanto difiriendo impuestos, ya que el pago de estos intereses no se puede considerar como gasto de la empresa, cómo sí se puede hacer con los intereses adeudados por un crédito obtenido del mercado financiero. Además, indirectamente estos recursos financian rentas productivas, las cuales ahora pasarían a ser gravadas adicionalmente. Se agrega que parte de estas utilidades retenidas generará intereses en forma permanente, ya que no serán repartidas a los dueños por estar reinvertidas en aumentos de capital o adquisición de activo fijo.

Se establece un límite al uso de pérdidas de arrastre del 50% de la renta liquida imponible anual. Esta medida restringe los sistemas tradicionales de depreciación, general o acelerada, así como el régimen tributario de depreciación instantánea de las Pymes, afectando en forma relevante las decisiones de inversión y de valoración de los proyectos. Además, esta medida es completamente contradictoria con el esfuerzo actual de fomentar la inversión a través de beneficios tributarios.

La reforma plantea que todos los ingresos generados por arriendos de inmuebles estarán afectos a impuestos, eliminando la exención a las viviendas adquiridas a través de “contratos-ley” del DFL-2. Esta modificación implicaría una modificación unilateral de los derechos que establece la legislación para estos contratos, lo cual es a lo menos cuestionable desde una perspectiva de la irretroactividad de la ley.

Sin duda que las menciones anteriores, y otras que no alcancé a incluir, afectan el ahorro y la inversión y, por tanto, la capacidad de generar más y mejores empleos de nuestra economía. Sin embargo, en la discusión parlamentaria se tiende a justificar esta reforma, y a denostar a los que la rechazan, mencionando que es necesaria para financiar necesidades sociales como educación, salud y pensiones. Lo que al parecer no se entiende, es que el gran problema de la reforma no está en el para qué, sino que en el cómo.