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Alto contrasteEl problema regulatorio de las cauciones en obras y servicios públicos
EDUARDO CORDERO Abogado, Doctor en Derecho, Profesor Titular de Derecho Administrativo
La institucionalidad que regula las obras y servicios públicos reconoce en el sector privado un actor clave para la implementación de políticas públicas vinculadas a servicios esenciales que deben garantizarse a la comunidad. Por ello, no sorprende que gran parte de la infraestructura pública —como carreteras, aeropuertos, sistemas eléctricos o telecomunicaciones— se haya materializado a través de contratos y concesiones administrativas.
Sin embargo, tanto en la etapa de construcción como en la de explotación es frecuente la aparición de contingencias e imprevistos que retrasan los proyectos o paralizan su uso, ya sea por incumplimientos, decisiones de la Administración o casos de fuerza mayor imposibles de prever o resistir.
“Una defensa extrema de la legalidad en el cobro de cauciones desconoce principios de la contratación administrativa, la jurisprudencia y el derecho regulatorio moderno, que exige una regulación responsiva”.
Así, no constituye un verdadero éxito para el servicio público aplicar sanciones que, aunque formalmente legales, resultan desproporcionadas y terminan impidiendo la ejecución de la obra o retrasando por años la prestación del servicio. Ello se observa tanto en proyectos menores, como en grandes construcciones, tales como hospitales, cárceles o carreteras.
Los ejes centrales son la legalidad, la proporcionalidad y la prohibición del enriquecimiento sin causa. Sin embargo, una defensa extrema de la legalidad en el cobro de cauciones desconoce principios de la contratación administrativa, la jurisprudencia y el derecho regulatorio moderno, que exige una regulación responsiva.
Una posición excesivamente rígida puede rendir frutos inmediatos, como la exclusión de un competidor en determinado mercado, pero en el mediano y largo plazo compromete la sostenibilidad de la prestación de servicios y la ejecución de obras. Tal postura, en definitiva, genera aporías regulatorias y puede terminar volviéndose en contra de quienes hoy la sostienen.
