VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Fernando Barros
Si bien fue oportuna la reacción del Director del Servicio de Impuestos Internos (SII) retractándose de la descalificación que hiciera del malestar por el fuerte incremento determinado por el SII en los avalúos fiscales de las propiedades, y con ello de las contribuciones y sobretasas, en razón de que provendrían del 20% más rico, ello evidencia en su gestión un desapego al imperativo de sujetar su acción a la ley y que se ejerzan las atribuciones sin vulnerar los derechos del contribuyente, ya que el fin no justifica los medios.
A diferencia de su anterior período, donde la recaudación surgió de mayor eficiencia y facilidades para el cumplimiento tributario, en esta segunda temporada, quizás por un ambiente frío, incluso hostil, con la actividad empresarial, se aprecia una negativa total del SII a la consideración de las solicitudes de los contribuyentes, incluso para la corrección de errores evidentes o de situaciones de injusticia innegable, con el rechazo casi unánime a recursos y peticiones administrativas, lo que, para aquellos que pueden costearlo, está dando lugar a una mayor judicialización de las diferencias entre el SII y los contribuyentes.
Sufren los emprendedores que desean iniciar actividades, los pequeños y medianos contribuyentes que luchan honestamente por llegar a fin de mes y cumplir sus obligaciones, con exigencias, cargas y dilaciones ajenas a la ley, bloqueos o limitaciones al acceso a su página tributaria -que hoy resulta equivalente a la muerte económica-, el “estiramiento” artificial de plazos establecidos en favor del contribuyente, entre otros, que se pretende justificar como iniciativas para evitar la acción de la ínfima minoría que delinque con sus operaciones y documentos tributarios.
Resulta complejo para el desarrollo del país un entorno en el que la autoridad prioriza su meta de recaudación por sobre la naturaleza legal de los tributos, prescindiendo de la obligación de interpretar y aplicar la ley según se generó en el Poder Legislativo y no como quisiera el recaudador.
También el que se presuma la mala fe de quienes actúan en la vida económica, se juzgue decisiones empresariales, negocios y contratos celebrados años atrás, muchos en un contexto de alta incertidumbre, luego de sabido lo que ocurrió después, o se someta artificialmente a procedimientos excepcionales propios de simulaciones y verdaderos ilícitos civiles para fiscalizar luego de plazos vencidos o incurriendo en presiones para lograr sus fines.
Es innegable que una sociedad requiere, para progresar, el que los ciudadanos cumplamos nuestras obligaciones tributarias -y todas las demás- y, a su vez, que las autoridades ejerzan sus atribuciones con plena sujeción a la ley y con respeto para con aquellas personas que, a través de impuestos y cargas fiscales, están siendo privadas del legítimo goce de parte del fruto de su trabajo y esfuerzo diarios para financiar la burocracia estatal y las necesidades de los más necesitados y la sociedad toda.
La obligación de no eludir el recto cumplimiento de la ley pesa por igual sobre autoridades y ciudadanos, por lo que debemos rechazar los incumplimiento y abusos de unos u otros.
