La deuda del sector financiero

María Jesús Bofill G., economista U. de Chile, Acción Move

Corren tiempos marcados por fuertes cuestionamientos a las premisas históricas en torno al desarrollo económico y social. En este contexto, el sector financiero chileno no ha quedado libre de críticas: rentabilidades excesivas y bajos incentivos a la competencia son solo algunas de ellas.

Pese a esto, es innegable el rol que juega en la articulación de la vida moderna, mejorando el bienestar de las personas a través del otorgamiento de herramientas que permiten adecuar el consumo acorde a las preferencias. En este sentido, una clara medida del éxito -o no- de nuestro sistema es la inclusión financiera. En otras palabras, el acceso de la población a servicios financieros variados y el fomento de su uso, ya que juega un rol relevante para alcanzar un desarrollo sostenible y más igualitario del país.

Al hacer un rápido análisis sobre la posición del país en términos de inclusión financiera, es fácil llegar a la errada conclusión de que somos un referente regional, con tasas de tenencia de productos de administración de efectivo en torno al 80%. Sin embargo, es evidente que en Chile aún persisten profundas brechas de acceso a productos de crédito, ahorro e inversión, siendo aún más dramático las diferencias en el uso de los servicios financieros entre estratos socioeconómicos. Basta revisar las comisiones cobradas por las instituciones del sector para darse cuenta que los productos diseñados para los que menos tienen, son los más caros -de forma relativa a los ingresos de las personas-. No es de extrañar que el BID destaque que Chile no ha tenido avances en inclusión financiera desde 2014, encontrándonos hoy debajo de Brasil, México, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia.

¿A qué se puede deber esto? ¿Son las cuestionadas instituciones financieras las responsables del estancamiento? La respuesta no es en blanco y negro, y es bueno considerar que en esta temática hay importante matices. Un elemento que claramente ha generado desventajas es la regulación, la cual se diseñó en un contexto donde era importante priorizar el control de los riesgos sistémicos sobre otras variables (Ley de Bancos de 1986, post crisis bancaria). Como consecuencia, la legislación desincentiva la innovación tecnológica y, por consiguiente, el avance hacia operaciones más eficientes, flexibles, de una mayor competencia, y la posibilidad de aumentar la cobertura del mercado.

Se viene escuchando desde hace años la necesidad de actualizar parte de las normas, pero hay que tener cuidado de no poner la carreta delante de los bueyes. En el último tiempo, las discusiones se han concentrado en la relevancia y potencial de impulsar tendencias de tecnologías financieras, como blockchain, open banking, big data, inteligencia artificial y otros. Pero es importante recalcar que a Chile aún le falta impulsar una infraestructura tecnológica que habilite a la industria a dar un salto en esta materia. Pese a sonar menos rimbombantes hay brechas que han venido frenando la innovación por años. La identidad digital, la promoción de firma electrónica avanzada o una nueva ley de protección de datos personales, son un ejemplo de políticas públicas que, por su carácter de universalidad, deberían ser impulsadas por el Estado. Así, la relevancia en estos temas no ha sido la suficiente.

En paralelo, para poder avanzar en la inclusión financiera de los chilenos es necesario modificar la forma tradicional en que hacemos política pública y posicionar a las personas en el centro. Ello implica la necesidad de poder abrir el mercado a la entrada de nuevos competidores, como las Fintechs. Con este fin en mente, en un mundo altamente interconectado y con tecnología que sae complejiza cada vez más, la regulación del sector debe construirse de la mano de dos pilares: regulación dinámica, para adaptarse a las innovaciones, y profunda proporcionalidad, entre exigencias y riesgos. Para lograr este esquema es vital la presencia del diálogo entre reguladores, oferentes y clientes, y así alinear los incentivos privados con el que debería ser un fin preponderante del sector: la creación de valor público.