La lucha contra la Reserva Federal
Martin Feldstein
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Martin Feldstein
La Reserva Federal de Estados Unidos está luchando con algunos miembros del Congreso por una propuesta de ley, la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Reserva Federal, que le impondría la obligación de atenerse a una norma oficial para orientar la política monetaria. La Fed teme que la ley límite su independencia, mientras que los defensores de la ley sostienen que produciría un crecimiento más previsible con poca inflación. ¿Quién tiene razón?
La Fed es “independiente”, pero sólo en un sentido muy especial: respecto del ejecutivo gubernamental. Pero, aunque es independiente de la Casa Blanca, no lo es del Congreso. Su creación se hizo mediante una legislación del parlamento, que ahora estipula un “mandato doble” de estabilidad de los precios y empleo máximo. Corresponde a la Reserva formular las definiciones operativas de esos objetivos y las políticas que aplicará para alcanzarlos. La legislación propuesta afectaría a la independencia tanto sobre las “metas” como sobre los “instrumentos”.
La Reserva decidió definir la estabilidad de los precios como una “inflación anual del dos por ciento respecto del término medio del índice de precios de los gastos de los consumidores”. Durante los 12 últimos meses, esa tasa de aumento ha sido de 1,5%, aproximadamente. Si bien no se ha definido el pleno empleo, muchos economistas creen que es equivalente a una tasa de desempleo de 5,5%, aproximadamente. La tasa más reciente ha sido de 6,1%.
Como reflejo del miedo a que la política actual de la Reserva de tipos de interés bajos provoque una mayor inflación, la ley la obligaría a adoptar un procedimiento reglamentario para fijar su tipo de interés principal a corto plazo, el “tipo de los fondos federales”. Más concretamente, la ley indica una norma específica sobre los tipos de interés (la Norma Oficial de Referencia), al tiempo que brinda a la Reserva la oportunidad de adoptar una norma diferente, si explica al Congreso por qué prefiere la substitutiva.
La Norma Oficial de Referencia es esencialmente la propuesta por primera vez en 1993 por John Taylor, de la Universidad de Stanford, y basada en su cálculo estadistico de lo que la Reserva parecía haber estado haciendo con Paul Volcker y Alan Greenspan durante un período de inflación baja y desempleo escaso. Dispone que el tipo de los fondos federales debe ser el dos por ciento, más la tasa actual de inflación, más la mitad de la diferencia entre el objetivo de inflación y la inflación actual y la mitad de la diferencia porcentual entre el PIB actual y el PIB con pleno empleo.
Todo ello supone que, si la economía cuenta con pleno empleo y se da la inflación fijada como objetivo, el tipo de los fondos federales debe equivaler al dos por ciento, más la tasa de inflación. Debe ser mayor, si la tasa de inflación es superior al nivel fijado como objetivo, y menor, si el PIB actual es inferior al nivel de pleno empleo.
La legislación propuesta está llena de requisitos excesivos e imposibles y la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, podría no aprobarla, ni siquiera con modificaciones. Aun cuando lo hiciera, no superaría el paso por el Senado, controlado por los demócratas, pero, si los republícanos consiguen una mayoría en el Senado después de las próximas elecciones, alguna forma de legislación que imponga una norma para la política monetaria podría acabar sobre el escritorio del Presidente. Éste podría vetarla, pero un Presidente republicano después de las elecciones de 2016 podría no hacerlo.
La Reserva teme sin duda que, si se acepta el principio que requiere una norma oficial, el Congreso podría hacer más estricto el requisito, con lo que obligaría a adoptar una política monetarias más restrictiva. Ésa es la razón por la que la nueva presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, se opuso rotundamente a semejante legislación en su reciente comparecencia ante el Congreso.
Una cosa es segura: el proyecto de ley presionará a la Reserva para que preste más atención a la inflación y evite una tasa persistente superior a su objetivo de 2%. De lo contrario, la independencia operativa de la Reserva podría quedar limitada, lo que la obligaría a centrar sus políticas más intensamente en su mandato sobre la inflación.
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