Malas indicaciones

FERNANDO BARROS TOCORNAL

Las indicaciones a la reforma tributaria confirman una propuesta de estructura impositiva que no suscita consenso y cuyo carácter refundacional genera gran inquietud por sus adversos efectos sobre la inversión. Establece impuestos sobre el ahorro que ya cumplió con su tributación y grava el capital de trabajo correspondiente a aquellas utilidades que, en vez de retirarse para su consumo, se mantienen invertidas en la empresa; gravamen que ascenderá a un 2,5% base más el impuesto patrimonial, lo que representa una carga del 4,3% anual del impuesto postergado.

La construcción del proyecto evidencia desconocimiento de la necesaria motivación para abordar emprendimientos y genera gravámenes adicionales a los sectores medios y medios altos.

“La construcción del proyecto de reforma tributaria evidencia desconocimiento de la necesaria motivación para abordar emprendimientos y genera gravámenes adicionales a los sectores medios y medios altos”.

Una muestra es la rebaja de la carga tributaria corporativa a las más grandes empresas a 25%, ya que podrán imputar dos puntos de gastos que ya hacen en I+D, igualando la carga a la de empresas con ventas de hasta 75.000 UF, mientras las empresas medianas y grandes, que son la economía formal y gran empleadora, y que a duras penas logran generar resultados positivos y cumplir con sus obligaciones y cargas, soportarán el 27% completo.

En una medida más ideológica que técnica se elimina la integración, con lo que el impuesto corporativo deja de ser crédito contra los gravámenes personales, afectando a los medianos y pequeños inversionistas. Así, los altos patrimonios verán disminuida su carga desde un 44,45%, cual es la tasa marginal hoy considerando el uso del crédito, a un 43%, nuevo nivel máximo de tributación personal. Los medianos ahorrantes con una tasa media de global complementario inferior a 27%, que tenían derecho a una devolución por el exceso de impuesto pagado, con la reforma pasarán a pagar una injusta tasa más alta a la que correspondería a su nivel de ingresos, con lo que, proporcionalmente, tributarán más que los “super ricos”.

En respuesta a la evidencia de que con el impuesto al patrimonio la carga tributaria llegaba a niveles de hasta 77% para el empresario, se anuncia que se aplicará un impuesto patrimonial del 1,8% anual, con un tope de “solo” un 50% de una renta presunta del 6% del patrimonio, con ciertas rebajas. Pero no se considera la patente municipal, las contribuciones y sobretasas a los inmuebles, el IVA a los bienes y servicios, los impuestos “al lujo”, aportes y cargas sociales, permisos de circulación, etc.

Resulta que en Chile los ingresos medios y altos deben trabajar hasta siete o más meses al año para financiar el aparato estatal, al que no se le exige ninguna prueba de eficiencia de su gestión.

Desde las oficinas ministeriales se anuncian medidas pro inversión que, reconociendo los efectos dañinos de la reforma, proponen ralentizar la aplicación de sus medidas o nuevas opciones de depreciación, pero a la vez se limita el uso de las pérdidas del negocio por lo que una vez que termine la crisis económica derivada de la pandemia, si la empresa sobrevive deberá pagar impuestos por las utilidades que obtenga sin poder sobreponerse antes de todas las pérdidas incurridas. Y para nuevos proyectos que podrían desarrollarse en un período acotado, se les enfrenta a que deberán tributar a pesar de tener pérdidas iniciales, incluso sin poder absorberlas al término, elevando su tributación.

Estas piedras en el camino del desarrollo podrían evitarse si se abordara el desafío de financiar las necesidades sociales con un diálogo real que permita construir un verdadero pacto social.