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Alto contrastePlan de Emergencia Habitacional: ¿provisorio o permanente?
MARCELA RUIZ-TAGLE O. Socia Gemines Consultores
Marcela Ruiz-Tagle
El Plan de Emergencia Habitacional (PEH) fue concebido en 2022 como una medida transitoria para enfrentar una crisis excepcional en vivienda: aumento del déficit, expansión de campamentos, deterioro de la asequibilidad y encarecimiento de costos de construcción. En ese marco se estimaron requerimientos en torno a 650.000 unidades, magnitud difícil de abordar con el ritmo e instrumentos tradicionales de la política sectorial, ante lo cual el Gobierno se comprometió a finalizar su mandato con 260.000 viviendas construidas bajo estándares de equidad e integración urbana, lo que disminuiría la brecha en 40%. A diciembre de 2025 el avance alcanza a 95% de la meta.
No obstante, el déficit neto aumentó, llegando a 491.804 viviendas, de acuerdo con el Censo 2024, cifra que no incorpora plenamente a los hogares en campamentos, por lo que la brecha efectiva podría ser mayor. Manteniendo el ritmo de producción anual, la convergencia a niveles mínimos de déficit requeriría dos periodos de Gobierno adicionales, bajo condiciones de estrechez fiscal. Ello contribuye a explicar que el Congreso extendiera la vigencia del PEH hasta fines de 2029. En términos de diseño, este opera como un marco extraordinario de aceleración de oferta y gestión: habilita la compra de suelo, prioriza proyectos, permite reasignaciones presupuestarias y formaliza la coordinación intersectorial, lo cual hace necesario fortalecer su transparencia para evaluar desempeño y productividad del gasto.
“El contexto actual exige fortalecer mecanismos de acceso vía arriendo, ampliando cobertura sin presionar desproporcionadamente el gasto público”.
Lo anterior refuerza la necesidad de evaluar el costo-efectividad y la sostenibilidad fiscal del plan, antes de que una respuesta de emergencia se transforme de facto en política permanente. Resulta pertinente considerar reequilibrar la canasta de instrumentos utilizados, pues aunque Chile ha priorizado históricamente la tenencia en propiedad, el contexto actual exige fortalecer mecanismos de acceso vía arriendo, ampliando cobertura sin presionar desproporcionadamente el gasto público. Del mismo modo, ajustes normativos y de gestión que permitan escalar soluciones industrializadas -alineando estándares, contratos, financiamiento y fiscalización- pueden reducir plazos y contener costos.
Esta reponderación incrementaría la capacidad anual de respuesta sin sacrificar integración urbana, moderaría la presión presupuestaria y acortaría el período requerido para reducir el déficit. Y también abriría espacio para reformas estructurales sobre los determinantes del problema: una ley de suelo que reduzca posibilidades de arbitraje y sobrecostos; el desarrollo de un parque de arriendo asequible orientado a integración y regeneración urbana; la simplificación de permisos sectoriales; y la actualización de atribuciones y capacidades de Seremi y Serviu. Son medidas exigentes en acuerdos e institucionalidad, pero necesarias para avanzar hacia una política habitacional sostenible, con capacidad de respuesta más allá de la emergencia.
