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Alto contraste2026: el mercado no vota, verifica
MARÍA PÍA AQUEVEQUE Directora de empresas, experta internacional en activos digitales
María Pía Aqueveque
“Confía, pero verifica”, dice el proverbio ruso que popularizó Ronald Reagan. En 2026, la frase vuelve a ser literal: el giro político puede cambiar el tono y el relato, pero no compra confianza. La confianza -la que baja el costo de capital- se construye con instituciones comprobables: reglas claras, datos trazables y decisiones responsables y auditables.
2026 llega con deadlines que obligan a implementar. Open Finance empuja a operar con datos compartidos bajo consentimiento, interoperabilidad y controles que ya no pueden depender de planillas internas. El EU AI Act marca otro quiebre: la gobernanza algorítmica deja de ser “mejor práctica” y se vuelve cumplimiento verificable. Aunque Chile no sea Europa, Europa exporta estándares: proveedores globales, auditorías, clientes y socios tecnológicos terminarán exigiendo ese lenguaje de control.
“Cuando los mercados no pueden verificar, cobran. En 2026, la pregunta no será si hay un nuevo relato, sino si hay instituciones capaces de convertirlo en ejecución auditable”.
Y para Chile hay un tercer reloj: protección de datos. La Ley 21.719, publicada el 13 de diciembre de 2024, reforma el régimen, crea la Agencia de Protección de Datos Personales y entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026. Para bancos y fintechs esto implica base de licitud documentada, finalidades acotadas, registro y trazabilidad del tratamiento, seguridad demostrable y capacidad real para atender derechos. Trae dientes: multas por categorías de infracciones que pueden llegar hasta UTM 20.000, además de medidas correctivas.
Estos tres relojes comparten una implicancia: el nuevo activo es la evidencia. Sin evidencia no hay confianza; sin confianza, sube el costo de capital. Y evidencia no es un PDF de políticas: es trazabilidad operativa. Demostrar qué datos entraron, qué modelo decidió (y con qué versión), bajo qué límites, quién autorizó cambios y qué pasó cuando algo falló.
Aquí los directorios del sistema financiero tienen una tarea concreta, resumible en tres decisiones.
Primera, definir qué es material (IA, finanzas y datos) y qué debe subir a supervisión de directorio: modelos que impactan clientes, decisiones automatizadas y tercerización crítica.
Segunda, fijar evidencia mínima para aprobar despliegues y cambios: responsables, registros, pruebas, monitoreo, controles y umbrales; y, cuando corresponda, evaluaciones previas en tratamientos de mayor riesgo.
Tercera, acordar consecuencias automáticas ante incidentes y brechas: pausa, reversión, escalamiento y comunicación.
Chile además tiene otro terreno decisivo: pensiones y datos como infraestructura. La implementación progresiva de la reforma previsional no se juega solo en parámetros financieros, sino en legitimidad. Y la legitimidad se construye con trazabilidad de derechos y flujos. Allí, la tokenización —bien diseñada— puede ser tecnología de evidencia: registrar y verificar reglas y movimientos de forma auditable.
El giro político puede abrir una ventana, pero no alterar la aritmética de la confianza. Los mercados no votan: verifican. Y cuando no pueden verificar, cobran. En 2026, la pregunta no será si hay un nuevo relato, sino si hay instituciones capaces de convertirlo en ejecución auditable. Sin eso, la confianza será solo un eslogan, con intereses incluidos… hasta que llegue la factura.
