Mejoras necesarias en supervisión de la industria de seguros

De acuerdo a los últimos reportes de OCDE, Chile presenta una industria de seguros madura, con un nivel penetración alto en Latinoamérica, activo desarrollo en la oferta de productos financieros y una participación relevante en el mercado doméstico.



Las aseguradoras se han convertido en el segundo inversionista institucional del país, después de las AFP, con US$ 45.000 millones en inversiones a junio de 2012 (aproximadamente 18% del PIB), siendo responsables de pagar pensiones por rentas vitalicias a más de 450.000 personas (cerca de un 50% del total de pensiones entregadas). Esto, sumado a la creciente masificación de los seguros en nuestro país y al hecho de que las rentas vitalicias tienen garantía estatal, le da una gran relevancia a la solvencia del mercado asegurador y a las inversiones que realizan las compañías de seguros.

Dichas cifras permiten dimensionar la relevancia del proyecto de ley sobre Supervisión Basada en Riesgo para Compañías de Seguros, impulsado por el gobierno como parte de la Agenda MKB que lidera el Ministerio de Hacienda, el cual busca fortalecer el marco regulatorio de esta industria, consolidando un enfoque de supervisión basado en la medición integral de los riesgos incurridos por cada aseguradora en su actividad.

Este proyecto de ley, que fue recientemente aprobado en general por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, constituye la mayor reforma a la regulación y supervisión de la industria de seguros en los últimos 30 años, y es la culminación de un proceso de implementación paulatina que nuestro país emprendió en 2006, a instancias de la SVS, con miras a establecer un sistema de evaluación de solvencia estructurado sobre la base del análisis de los riesgos, la calidad de su gestión y la fortaleza patrimonial de las aseguradoras.

La necesidad de avanzar en esta reforma radica en que el marco legal vigente no recoge suficientemente los diversos riesgos que enfrentan las aseguradoras, ni distingue entre aquellas compañías que toman distintos niveles de riesgos y como los gestionan, pudiendo generar incentivos inadecuados a adoptar mayor riesgo. Por ello, en línea con las experiencias desarrolladas en países como Canadá, Australia, Estados Unidos, Singapur y la Unión Europea, el proyecto incorpora un requerimiento de capital basado en riesgo que estará directamente relacionado y proporcionado a los niveles de riesgo de los activos de cada aseguradora, a los riesgos asociados a sus pasivos y al riesgo operacional al que estas entidades están expuestas.

Asimismo, y a fin de generar incentivos adecuados para potenciar una cultura de riesgos en esta industria, el proyecto pone énfasis en que son las compañías de seguros las primeras responsables de mantener una organización y supervisión interna que favorezca una adecuada gestión de riesgos y control interno en sus distintas operaciones, estableciendo con claridad el rol clave que corresponde al gobierno corporativo de las aseguradoras en esta materia.

Esta iniciativa legal también incorpora avances relevantes en aspectos cualitativos, al definir claramente los objetivos de supervisión y reforzar las atribuciones que permitirán a la SVS actuar en forma proactiva y adoptar las eventuales medidas de mitigación que fueren oportunas.

Esta reforma ha sido diseñada siguiendo la tendencia mundial en la materia, contando con la asesoría del Banco Mundial y acorde a los más altos estándares internacionales, replicando modelos que no sólo aplican a la industria de seguros, sino también en bancos, pensiones y otros actores del sector financiero.

Tal como lo puntualizó el Banco Central en su más reciente Informe de Estabilidad Financiera, se trata de un cambio necesario y positivo, que contribuirá a fortalecer el esquema de supervisión de las compañías de seguros, para así contar con compañías de seguros más sólidas y con un sano desarrollo de esta industria, que redunden en una mayor protección de los derechos de los asegurados e inversionistas de nuestro país.