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Alto contraste
Marcela Ruiz-Tagle
Chile enfrenta una paradoja incómoda: un desequilibrio fiscal por corregir y, al mismo tiempo, la urgencia de elevar el crecimiento potencial. Luego de más de una década de expansiones de gasto superiores al ingreso, financiadas con incrementos de deuda pública, ello nos ha llevado a una situación de estrés fiscal en la que existe consenso técnico sobre la necesidad de un ajuste que no puede seguir posponiéndose. Ello explica que en la tramitación del Presupuesto 2026 las miradas se centren en la calidad y destino del gasto, que crece 1,7% -con foco en salud, pensiones, vivienda, cuidados y educación- mientras, contra lo esperado, disminuye el ámbito de la inversión, en particular en obras públicas (MOP) con reducciones notorias en concesiones y vialidad. ¿Cómo se piensa, entonces, dar continuidad al impulso del crecimiento desde lo público?
En los últimos años el Gobierno ha priorizado el apoyo a tres sectores considerados estratégicos -litio, data center e hidrógeno verde- para diversificar la matriz productiva y elevar el crecimiento económico tendencial. Sin embargo, la disminución en inversión pública parece contradictoria con el logro de este objetivo. En cada una de estas industrias el rol del Estado difiere. El litio exige reglas estables y velocidad en la asignación de contratos de operación; los data center requieren disponibilidad de energía, suelo, conectividad y certezas regulatorias territoriales; mientras que el hidrógeno verde necesita incentivos tributarios y subsidios para cerrar brechas de costo y gatillar contratos de largo plazo, algo que ha ocurrido en los distintos países que impulsan el desarrollo de este mercado.
“El proyecto de Presupuesto incluye reducciones notorias en concesiones y vialidad. ¿Cómo se piensa dar continuidad al impulso del crecimiento desde lo público?”
De ahí la importancia del proyecto de ley, en tramitación, que establece incentivos tributarios a la producción de hidrógeno verde en la Región de Magallanes, donde se concentran nueve de las 28 iniciativas de H2V del país, equivalentes al 62% de una inversión potencial de más de US$ 78 mil millones. Sin la aprobación de este proyecto de ley, la cartera de iniciativas en la región no se va a concretar.
Sin embargo, incluso si ello ocurre, el desafío no se resuelve. Se requiere de inversión en infraestructura pública habilitante que permita desplegar efectivamente el potencial productivo de esta industria. Esto implica desarrollar nuevas terminales marítimas y ampliar rutas estructurantes y secundarias antes de que concluyan las obras productivas, y facilitar el desarrollo de hubs logísticos mediante alianzas público-privadas, para no tensionar la entrada en operaciones de los proyectos. Sin esta infraestructura los incentivos pierden eficacia. Hoy, la cartera de inversión pública y los recursos disponibles en esta materia resultan insuficientes. El apoyo del Estado al desarrollo de industrias estratégicas debiera ir acompañado de la planificación integrada de la infraestructura requerida en el territorio, y la Ley de Presupuestos debiera ser el espejo financiero de aquello.
