Reforma tributaria y elusión: sin caricaturas

Damián Boada

Tras la sorpresiva caída del proyecto de reforma tributaria del presidente Boric, el ministro Marcel lamentó en un punto de prensa que celebrarían los evasores de impuestos y sus asesores, pues “van a tener por lo menos un año completo más para poder seguir usando los mismos mecanismos de elusión tributaria”.

Sin entrar en lo poco feliz de esta frase y lo cuestionable, en general, de las lecciones que aparentemente está sacando de esta derrota el Ejecutivo, cabe prestar mayor atención a este punto, pues la situación de las herramientas anti elusión con que cuenta el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha sido un tema central en lo que alcanzó a durar el trámite legislativo de la fallida reforma.

“El SII tiene herramientas anti elusión que puede o no utilizar a su arbitrio. Una modificación de las mismas debe debatirse sin echar mano a caricaturas de impunidad que no tienen asidero en los hechos”.

Desde una perspectiva técnica, varios expertos señalaron al Gobierno que la ampliación y desnaturalización de la Norma General Antielusión (NGA), promulgada originalmente en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, vulneraba, entre otros, el derecho constitucional a un debido proceso de los contribuyentes, quienes pasarían de tener la garantía de la tutela de jueces independientes, a quedar a la merced de funcionarios del SII, con incentivos pecuniarios asociados a recaudación y la facultad de determinar, por sí y ante sí, si es que un comportamiento es o no elusivo.

La fallida reforma contaba, en esta materia, con el respaldo de asociaciones de funcionarios del SII, que alegaron que las herramientas que actualmente les otorga la ley no eran suficientes para cumplir su labor. Fue una lástima que a este debate no se le haya dedicado el tiempo necesario en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo aprovechó su mayoría para apurar y arrasar las votaciones.

Ahora bien, independiente de la discusión teórica, el SII tiene la información correspondiente al ejercicio de su función fiscalizadora en materia de elusión. Desde que la NGA entró en vigencia en 2015, se han iniciado 56 procesos de fiscalización bajo su alero, que han terminado en siete requerimientos ante tribunales, de los cuales se mantienen vigentes seis. Notablemente, todos los procesos judiciales por NGA vigentes fueron interpuestos por el SII a contar de 2022, bajo la administración del director Frigolett.

Los datos son claros. El SII no utilizó las herramientas que le entregó la ley en materia de elusión tributaria por decisión propia, ya que bastó un cambio de director para que comenzara a presentar requerimientos ante tribunales. Ante este escenario, un cambio como el propuesto en la fallida reforma parece obedecer sólo a los deseos de tener un trabajo más fácil por parte de funcionarios encargados de la persecución de conductas elusivas, sin importar la desprotección de los derechos de los contribuyentes.

No tenemos certeza del rumbo que va a seguir la tramitación de una futura reforma tributaria, pero sería esperable que, al menos en esta materia, tomáramos en cuenta la evidencia; la administración tiene herramientas que puede o no utilizar, a su arbitrio, y una modificación de las mismas debe debatirse sin echar mano a caricaturas de impunidad, que no tienen asidero en los hechos. Lo esperable es que la discusión de un tema tan relevante se efectúe en forma seria, sin dejar de lado en la discusión el respeto de los derechos de los contribuyentes.