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Alto contraste
Sergio Lehmann
Pareciera que algunos no aprenden de las malas experiencias. En un año marcado por las elecciones de noviembre próximo, un grupo de parlamentarios ha puesto en el debate propuestas que suenan populares, pero cuyo alcance es extremadamente dañino para la economía.
Dentro de esas iniciativas, cabe mencionar la eliminación del uso de la UF en algunos mercados, en particular para los créditos hipotecarios. La propuesta ignora los impactos de una medida de esta naturaleza, volviendo a instalar miradas simplistas, miopes y sin fundamento técnico. Su aplicación llevaría a un colapso de los créditos hipotecarios, junto a un profundo deterioro en el mercado de capitales. Recordemos que la UF es un mecanismo diseñado como protección frente a la inflación, lo que es especialmente relevante para plazos largos, donde la incertidumbre es mayor. Por lo mismo, el mercado de instrumentos en UF ha permitido un desarrollo único en el mundo emergente de créditos a 10, 20 o 30 años plazo. El acceso a vivienda se tornaría imposible para buena parte de las familias con la eliminación de la UF, al tiempo que la capacidad de crecimiento y desarrollo del país retrocedería fuertemente. La forma correcta de protegerse frente a la inflación es a través de la política monetaria. En ese ámbito, el Banco Central ha llevado a cabo su tarea de forma impecable desde hace más de tres décadas, cuando se definió su actual marco autónomo y técnico.
“Si bien es muy probable que los proyectos altamente dañinos desde lo económico y social sean rechazados en su tramitación parlamentaria, el solo hecho de ponerlos en el debate genera ruido e inestabilidad”.
Se suma a la reciente ola populista, la idea de levantar los límites en la indemnización por años de servicio. Esto encarecería de sobremanera la contratación de trabajadores, introduciendo mayor rigidez a la que ya evidencia el mercado laboral. Hoy tiene mayor fundamento proponer una rebaja en los años a indemnizar y fortalecer el seguro de desempleo. Esto contribuiría en la reducción en la tasa de desocupación, cuyo equilibrio, estimado en la actualidad en torno a 8,5%, es 2% mayor al registro de hace unos pocos años.
No se puede dejar de lado, aunque con algún menor desparpajo, el proyecto del Gobierno de cambio del sistema de financiamiento universitario CAE por el FES. La propuesta pone fuertes limitaciones a los aranceles que libremente debieran fijar las propias universidades, en coherencia con sus planes de desarrollo. Esto llevaría a una pérdida de autonomía, junto con un deterioro en la calidad de la educación que imparten, con el consiguiente impacto en la formación profesional. Los cuestionamientos técnicos apuntan también a distorsiones que se suman al marco tributario, al elevarse el impuesto personal, aunque con algunos límites, para quien recibió el beneficio. Como era esperable, el solo hecho de cuestionar el CAE ha llevado a un alza escandalosa en la morosidad asociada a este financiamiento, debilitando aún más las alicaídas cuentas públicas.
Si bien es muy probable que estos proyectos altamente dañinos desde lo económico y social sean rechazados en su tramitación parlamentaria, el solo hecho de ponerlos en el debate genera ruido e inestabilidad. Lo anterior, porque revela una alta polarización política y pone de manifiesto que algunos parlamentarios siguen mirando la próxima elección como guía para sus acciones y propuestas. Mientras no volvamos a poner el foco en el largo plazo, se desvanecerá cualquier posibilidad de elevar nuestro potencial de crecimiento y desarrollo.
