La tasa de desempleo cercana a 9% ha encendido alarmas, más aún cuando la economía ha dejado de crear empleos. Se reconoce que ha habido cambios estructurales en el mercado laboral, que han llevado a una tasa de desempleo de equilibrio cerca de 2% superior a los registros de hace unos pocos años. Políticas públicas mal diseñadas han introducido rigideces en el mercado, elevando el costo laboral de las empresas y restando incentivos para nuevas contrataciones.
La masa salarial, compuesta por el nivel de empleo y la renta de los trabajadores, se correlaciona fuertemente con el consumo, esencial en la dinámica económica. Se ha debilitado entonces una de las principales fuentes de poder para el crecimiento. Enfrentar esta grave falencia exige poner sobre la mesa medidas que incrementen la flexibilidad laboral y lleven a un mejor funcionamiento del mercado.
“Es evidente que el mercado del trabajo ha experimentado un marcado deterioro en los últimos años, restando oportunidades laborales y movilidad social, especialmente en jóvenes y adultos mayores”.
Con ese objetivo en la mira se propone lo siguiente: a) Avanzar con mayor convicción en el proyecto de sala de cuna universal para favorecer el alicaído empleo femenino. Este proyecto, con ya varios años de discusión en el Congreso, debiera contemplar financiamiento público para las PYME, de forma de no cargar el costo en las empresas, sirviendo como una suerte de impuesto sobre las mismas. Dado el impacto positivo que produce en la participación de la mujer en la fuerza laboral y sobre el crecimiento económico, sería un proyecto que se paga solo. b) A fin de acomodar la oferta de profesionales con la demanda, es clave exigir a las universidades y centros de formación medir y publicar la empleabilidad y renta esperada de las carreras que imparten. Esto es una práctica habitual en los países desarrollados, lo que asegura un adecuado equilibrio, al mismo tiempo que contiene potenciales frustraciones en los egresados. c) La indemnización por años de servicio debiera reducirse, acercándola al promedio OCDE, cuyo límite es de 3,2 años. Eso debiera compensarse con un seguro de cesantía fortalecido, aplicable a las nuevas contrataciones. d) Flexibilización de contratos en su distribución de horas trabajadas a un marco anual. Hoy se permiten acomodos sobre una base mensual, impidiendo una mejor asignación de la carga de trabajo para enfrentar con recursos suficientes períodos de mayor demanda en el año. En el comercio ello ocurre en diciembre y marzo, mientras en algunas empresas se advierte estacionalidad en su actividad. e) Facilitar la participación laboral de adultos mayores. La evidencia muestra que su productividad ha subido con fuerza en las últimas décadas, debido a prácticas más saludables y avances de la medicina. El FMI estima que hoy una persona de 70 años tiene la productividad de una de 53 del año 2000. Este notable fenómeno hace necesario dar a este segmento, un mayor espacio laboral.
Es evidente que el mercado del trabajo ha experimentado un marcado deterioro en los últimos años, restando oportunidades laborales y movilidad social, especialmente en jóvenes y adultos mayores. Esto ha afectado negativamente la dinámica económica y el bienestar de la sociedad. En este año de elecciones, esperamos que las propuestas aquí planteadas sean recogidas, de forma de elevar no solo la capacidad de crecimiento del país, sino que además para generar mayores y mejores oportunidades de desarrollo para cada persona.