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Alto contrasteSubsidio Unificado al Empleo, una apuesta por la protección social con trabajo formal
GIORGIO BOCCARDO Ministro del Trabajo y Previsión Social
Los resultados de la encuesta Casen 2024 vuelven a situar la pobreza en el centro del debate público. Es una buena noticia que la pobreza por ingresos continúe disminuyendo y que el Estado haya fortalecido su capacidad de proteger a los hogares más vulnerables frente a crisis económicas y sociales. Sin embargo, una lectura más profunda de los datos muestra transformaciones estructurales que obligan a repensar cómo reducir la pobreza de manera sostenible, sin debilitar el vínculo entre trabajo, ingresos y dignidad.
Uno de los hallazgos más relevantes es el cambio en la composición de los ingresos de los hogares más pobres. En el primer decil, el aumento de ingresos se explica principalmente por transferencias del Estado y no por ingresos laborales. Hoy, cerca de $ 7 siete de cada $ 10 que reciben estos hogares provienen de subsidios y ayudas monetarias. Este fenómeno refleja una política social más robusta –con avances tan relevantes como la Pensión Garantizada Universal (PGU)–, pero también alerta sobre un debilitamiento del rol del empleo formal como principal vía de superación de la pobreza.
“La Casen 2024 muestra que en los sectores más vulnerables el trabajo ha perdido peso como herramienta de superación de la pobreza. El desafío no es elegir entre subsidios o empleo, sino compatibilizar ambos”.
Esta situación plantea una tensión que no podemos ignorar. Muchas transferencias están asociadas a la ausencia de empleo formal o a bajos ingresos laborales. En contextos de trabajos precarios o de baja productividad, la diferencia entre aceptar un empleo formal y mantener una transferencia puede ser mínima o incluso negativa, generando desincentivos a la formalización. El desafío no es cuestionar la legitimidad de las ayudas, sino avanzar hacia un sistema que proteja sin excluir y que apoye sin desconectar a las personas del mercado de trabajo.
A ello se suma un factor demográfico clave: el primer decil es el más envejecido del país. Si bien la PGU ha sido clave y ha permitido un retiro más digno, persisten grandes dificultades de reinserción laboral para personas mayores de 55 años, así como barreras estructurales para mujeres, jóvenes y personas con trayectorias laborales interrumpidas. El problema no es solo de oferta de trabajo, sino también de demanda: el mercado laboral no “absorbe” adecuadamente a estos trabajadores.
Es en este contexto donde el proyecto de ley que crea el Subsidio Unificado de Empleo (SUE) adquiere especial relevancia. El SUE no es una nueva transferencia, sino una política activa de empleo que busca alinear protección social, trabajo formal e ingresos autónomos. Complementa los ingresos de los trabajadores y, al mismo tiempo, reduce los costos de contratación para las empresas, especialmente al contratar mujeres, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad. Su principal virtud es clara: cada peso transferido está asociado a cotizaciones previsionales, acceso a la seguridad social y trayectorias laborales futuras. Además, ordena y moderniza un sistema hoy fragmentado y complejo de subsidios al empleo.
La Casen 2024 muestra que hemos avanzado en protección, pero que en los sectores más vulnerables el trabajo ha perdido peso como herramienta de superación de la pobreza. El desafío no es elegir entre subsidios o empleo, sino compatibilizar ambos. El Subsidio Unificado de Empleo apunta exactamente en esa dirección. Por eso, su aprobación debiera convocar un acuerdo amplio en el Congreso Nacional. Apostar por el SUE es apostar por un Estado que protege, pero que también promueve trabajo digno, formal y con futuro.
