Tareas pendientes en materia ambiental

Desde 2010, se ha planteado una nueva institucionalidad ambiental, en donde tales cambios tienen por objeto fijar el rol del Estado y el funcionamiento y atribuciones de los sus organismos en esta materia, así como también proteger derechos y garantías constitucionales. Por ello, es necesario contar con una infraestructura en donde interactúen, entre otros, el Ministerio y la Superintendencia del Medio Ambiente, los tribunales ambientales y el Poder Judicial, todos los que, dentro del ámbito de sus atribuciones, velarán por el cumplimiento de la legislación y reglamentación a través de instrumentos como el nuevo sistema de evaluación ambiental.

Y comenzamos 2013 con tareas pendientes en materia medioambiental. Si bien el 28 de diciembre asumieron el cargo los ministros titulares y suplentes del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, a esa fecha se esperaba que ya estuviera en funcionamiento el tribunal, lo cual no fue posible dado que la estructura administrativa del mismo aún no ha sido satisfecha.

No bastaba, entonces, que la Superintendencia del Medio Ambiente se hubiese preparado con tanta anticipación en lo que concierne a su rol de fiscalizador, pues su gestión, por lo menos para lo que respecta a las regiones quinta a séptima y Región Metropolitana, deberá esperar hasta que el Tribunal se encuentre en pleno funcionamiento.

¿Qué pasa con los tribunales ambientales de Antofagasta y Valdivia? Sigue pendiente la designación de sus ministros, pues aún no se envían las respectivas cinquenas a la Corte Suprema. Es de esperar que, en estos casos, efectivamente entren en funcionamiento pleno en la fecha prevista por el legislador, esto es, el 28 de junio y no se produzca el retraso en el proceso de Santiago.

Pero la instalación de los tribunales no es lo único pendiente. Aún no tenemos el nuevo reglamento de evaluación de impacto ambiental, el que según se dijo, en algún momento, estaría listo en agosto pasado. Y claramente, la aplicabilidad de la nueva institucionalidad ambiental sigue trunca.

Las expectativas son altas, pero las demoras hacen que algunos piensen que el sistema no funcionará conforme lo esperado. Por lo demás, esta nueva institucionalidad ambiental será objeto de adecuaciones por lo que transcurrirá un buen tiempo antes de que el sistema se consolide.

¿Y qué pasa con los inversionistas y los proyectos que dependen de una regulación ordenada y que otorgue garantías? Claramente esta nebulosa afecta las decisiones de inversión y desarrollo, pues, al no existir un sistema que garantice la evaluación de los proyectos con una regulación clara y en donde las presiones externas influencian la toma de decisiones y las modificaciones de éstas, las posibilidades de contar con proyectos nuevos en un momento de crisis como el que se vive en Europa y en parte de América, definitivamente, no atrae el desarrollo de proyectos o bien los retrasa.

Las presiones son altas, las expectativas mayores: no queda más que desear buena suerte para quienes tienen bajo su responsabilidad demostrar que la demora en la ejecución de los cambios legislativos y reglamentarios ha valido la pena.