El entorno del Presidente electo, José Antonio Kast, sigue afinando los detalles para el diseño de las denominadas “12 balas de plata” que puede ocupar el mandatario en los primeros 90 días para desvincular cargos escogidos por el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y nombrar directamente a sus reemplazos sin la necesidad de realizar un concurso.
En el caso del Ministerio del Trabajo, se ha analizado la posibilidad de ocupar el mecanismo en distintos cargos. Uno de ellos, en la Dirección del Trabajo (DT), lo que según transmiten distintas fuentes al tanto, es altamente probable que suceda. Entre los nombres que se perfilan para asumir como director de la DT se ha mencionado a David Oddó.
Otra posibilidad que ha dado vueltas es utilizar una de las “balas” en la Superintendencia de Pensiones, aunque los riesgos de hacer un cambio de timón en plena implementación de la reforma previsional y una búsqueda de candidatos cuesta arriba, han ido debilitando esa alternativa.
Por el rol que juega en materia de licencias médicas, ha ido tomando fuerza en el entorno de Kast la idea de impulsar un cambio de liderazgo en la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).
El informe de la comisión asesora para reformas estructurales del gasto público cuantificó una reducción de $ 572 mil millones a través del fortalecimiento del control sobre el uso del SIL.
Actualmente, la entidad es liderada por la abogada y exjefa de la división jurídica de la Subsecretaría del Trabajo, Andrea Soto, quien fue nombrada en diciembre pasado como superintendenta por el Presidente Boric tras un concurso de ADP.
Incluso ya habría nombres sobre la mesa que se perfilan para reemplazar a Soto, entre los cuales se menciona a la exsuperintendenta de la Suseso, Soledad Ramírez, quien asumió en los últimos meses de Piñera II y fue removida a pocos días de que Boric aterrizara en La Moneda.
Alertas previas
En mayo del año pasado, la investigación de la Contraloría que detectó que 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero entre 2023 y 2024, mientras se encontraban con permiso de salud, causó revuelo.
Sin embargo, incluso antes del eso, distintos actores del mundo técnico ya habían estudiado el uso de licencias médicas, alertando lo que estaba ocurriendo y elaborando propuestas de mejoras.
Uno de los informes, fue publicado a mediados de 2024 por la directora de Estudios de Institututo de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS) de la Universidad San Sebastián, Carolina Velasco y la investigadora de Horizontal, Soledad Hormazábal.
En el escrito analizaron críticamente el funcionamiento y efectos del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) y entregaron propuestas.
Consultada respecto de los desafíos de la Suceso en esta materia para el período presidencial que se avecina, Velasco sostuvo a DF que, en el corto plazo se debe apoyar el proyecto de ley que iguala condiciones para todos los trabajadores y usar sus actuales atribuciones en cuanto a fiscalización, corroborando que los emisores cumplan con los requisitos de la nueva ley (telemedicina, registro de prestadores, etc).
Actualmente, la iniciativa se encuentra sin urgencia en su primer trámite constitucional en el Senado y según fuentes conocedoras de la tramitación, ha enfrentado la resistencia de agrupaciones de trabajadores como la CUT y la ANEF por argumentar que les quitaría a los trabajadores derechos adquiridos.
Velasco también planteó que la Suseso debe avanzar en usar datos de otras reparticiones para verificar el buen uso del instrumento, tal como lo demostró la Contraloría.
En el mediano plazo, manifestó que “se debe modificar el subsidio por incapacidad laboral asociado a la licencia médica, que cubre 100% del sueldo de manera indefinida, ya que no promueve una pronta recuperación y retorno laboral”.
Por ejemplo, una idea sobre la mesa es que, luego de un cierto tiempo, el monto del salario baje a 70%, al igual que la pensión por invalidez, cuya calificación (invalidez) es realizada por la Suseso.
“Asimismo, se debe involucrar a los empleadores, para que también colaboren en cuidar a sus trabajadores. En otros países estos financian parte de las cotizaciones o los primeros días o semanas de licencia médica”, propuso Velasco.
Entre los temas administrativos que quedaron pendientes y a los que los técnicos apuntan, figura una circular que hace varios años estaría lista a la espera de ser ejecutada por la Suseso que da herramientas para respaldar licencias médicas de salud mental, lo que permitiría contar con antecedentes objetivos para la autorización de este tipo de permisos, que son los que generan el mayor gasto. Además, podría ser utilizado como un piloto de la Superintendencia para luego ampliarlo a otras patologías.
Reducción del gasto
Con todo, el último tiempo la situación ha mejorado. Según el último informe anual de licencias médicas de la Suseso de 2025, durante 2024–2025 se observó una disminución de 12,9% en la emisión de licencias médicas, equivalente a más de un millón de permisos menos. La caída se traduce en una reducción del gasto de unos $ 586.938 millones, según la entidad.
En septiembre de 2025, el informe de la comisión asesora para reformas estructurales del gasto público cuantificó una eventual reducción de $ 572 mil millones de forma permanente a través del fortalecimiento del control sobre el uso del SIL.
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