Este miércoles, el Juzgado de Garantía de Coronel será el escenario de un hito judicial sin precedentes en Chile. El Ministerio Público formalizará a la empresa Blumar S.A. como persona jurídica, por su responsabilidad penal en el fatal accidente marítimo que involucró a la lancha "Bruma" y al Pesquero de Alta Mar (PAM) "Cobra", hecho ocurrido en las cercanías de la Isla Santa María, el 30 de marzo de 2025.
Según explicó el abogado querellante, Rafael Poblete, la relevancia del caso radica en que es la primera vez que se aplica la nueva Ley de Delitos Económicos, que entró en vigor en 2024, para formalizar a una empresa por un cuasi-delito cometido dentro de su giro comercial. "Blumar se sentará en el banquillo por no haber previsto en su modelo de prevención de delitos los riesgos de colisión o abordaje en alta mar", explicó el abogado que representa a las familias de los siete pescadores desaparecidos tras la colisión de ambas embarcaciones.
Rafael Poblete, abogado querellante que representa a las familias de las víctimas del Bruma.
Modelo de prevención
A diferencia de procesos anteriores, donde la responsabilidad recaía en gerentes generales por delitos específicos como cohecho o activos, esta vez la persecución penal apunta directamente a la estructura corporativa. Poblete enfatiza que Blumar falló en establecer protocolos que evitaran negligencias durante la navegación nocturna en zonas de alto tráfico. Una faena propia de su negocio, la pesca industrial.
"La responsabilidad penal de las personas jurídicas contempla sanciones pecuniarias altísimas, medidas en miles de Unidades de Fomento (UF), similares a las que vemos en la Ley de Mercado de Valores", explicó Poblete. En casos extremos, comentó que la normativa incluso sanciona con la cancelación de la personalidad jurídica de la empresa, un escenario que mantiene en alerta a los principales estudios jurídicos y compañías de seguros del país.
Formalización
Además de la empresa, la Fiscalía formalizará por cuasidelito de homicidio a tres tripulantes del "PAM Cobra". El capitán de la nave, Roberto Mansilla Gallardo, para quien el Tribunal ya aplicó como medida cautelar la suspensión de por vida de su licencia de Patrón de Pesca y dos vigías Luis Vladimir Macaya y Jaime Sandoval Lépez, quienes de acuerdo a las investigaciones, se encontraban en el puente de mando.
Si bien el Ministerio Público calificó inicialmente el hecho bajo la figura legal ya descrita, la parte querellante busca elevar la figura a homicidio con dolo eventual. "Un capitán profesional no podía menos que saber que ponía en riesgo la vida de terceros al transitar a 11 nudos en una zona con cientos de embarcaciones menores, sin atender radares ni sonares. Hubo un desprecio por la vida", afirmó el abogado Poblete.
El querellante comparó la envergadura de las naves involucradas, señalando que el PAM Cobra podría ser asociado a un "camión con acoplado", frente a la lancha Bruma, que equivale a un "vehículo menor". Esta diferencia de proporciones en el mar, además de las condiciones de navegación propias de la zona, obligaba a redoblar la vigilancia en condiciones de visibilidad reducida, según detalló.
Precedente para la industria
El caso es seguido de cerca por expertos en compliance y grandes bufetes de Santiago. Para Poblete, el resultado de este juicio será ejemplificador para todo el sector pesquero industrial. "No se trata de atacar a la industria, sino de sancionar el abuso y la falta de control corporativo que permite estas tragedias".
La audiencia de este miércoles iniciará formalmente la etapa de investigación, momento en el cual la querella anunció que desplegará una "batería de acciones" adicionales, que podrían incluir ampliaciones contra otros ejecutivos de la compañía por obstrucción a la justicia.
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