Agenda Piñera

Tomás Izquierdo

La sensación, a pocas semanas del cambio de mando, es que tanto el Presidente como su gabinete venían con una agenda previamente preparada, y bastante depurada, si se tiene en cuenta que ya tenemos anuncios de proyectos de ley enviándose o ad portas de hacerlo, en temas claves que apuntan a despejar la incertidumbre económica. Se intentará una nueva reforma tributaria, tendiente a simplificar el sistema, corregir distorsiones y recuperar incentivos a la inversión de las empresas, sin disminuir la carga tributaria. Se revisará a fondo el sistema de evaluación ambiental, como anunció la nueva ministra de Medio Ambiente, apuntando a un cambio profundo que permita acotar los plazos, disminuir las instancias y restar discrecionalidad en las decisiones.

Se presentará un nuevo proyecto de reforma previsional, que preserva la esencia del sistema pero fortalece el llamado pilar solidario, para mejorar desde ya las pensiones más bajas, y tiende a corregir sus principales problemas, como la baja densidad previsional y tasa de cotización, de manera de mejorar las futuras pensiones. Se avanzará en la consolidación fiscal, lo que pasa no sólo por avanzar hacia una mayor austeridad en el gasto sino, muy importante, en fortalecer la institucionalidad, dando al Consejo Asesor Fiscal independencia y presupuesto, de manera que pueda efectivamente jugar un rol contralor sobre las finanzas públicas, lo mismo que generar una oficina de presupuesto en el Congreso, también con capacidad técnica y los recursos necesarios.

Junto con todas éstas iniciativas, valoradas por el mundo empresarial, se anuncian otras tantas que tienen un foco más social o político, como una reforma profunda al Sename o una importante intervención de Carabineros de Chile. En educación, más que retomar la discusión del lucro, la selección o la gratuidad, se debe poner el foco en la calidad. Lo mismo en salud, el desafío es usar eficientemente la infraestructura para lograr un mejor servicio y más oportuno. En fin, se debe avanzar en paralelo en temas prioritarios para retomar el crecimiento económico y en los temas sociales más sensibles, para sostener la popularidad del gobierno y viabilizar políticamente las reformas más profundas y ambiciosas.

El objetivo más largo, sin duda el más importante, difícil y ambicioso, es el de avanzar hacia una real modernización del Estado. No sacamos mucho incrementando año a año el presupuesto público o los distintos programas sociales, si no somos capaces de avanzar decididamente en una mejor gestión de los recursos. Más que inventar caminos propios, el ideal sería tomar las mejores ideas, ya probadas en países exitosos. No se puede poner urgencia, tiene que ser una suerte de reingeniería completa, pero por etapas, probablemente partiendo con algunas reparticiones públicas a modo de piloto. Este proceso, por lo demás, conlleva un importante costo político, dada la gran cantidad de intereses creados asociados al actual estado de cosas. Basta pensar en la cantidad de empleados públicos que fueron contratados a partir de algún “padrinazgo” político a lo largo de los últimos años. Si queremos tener un aparato estatal de mejor calidad, mejor remunerado y más pequeño, significa un proceso de transición que contempla importantes recursos para incentivar la salida de una parte relevante de los actuales empleados, que ya sea no tienen la calificación suficiente o no tienen una carga de trabajo que los justifique, sobre todo en un modelo de Estado más pequeño y eficiente.

Por último, aunque el ejecutivo no cuenta con mayoría parlamentaria en ninguna de las dos cámaras, es evidente que la oposición se encuentra particularmente desarticulada y fragmentada. Recordemos que no sólo aumentó el número de parlamentarios sino, además, aumentaron significativamente las corrientes políticas representadas, proceso favorecido por el término del sistema electoral binominal. Esta coyuntura deja un espacio para buscar acuerdos, con distintas facciones políticas dependiendo de la temática. Para avanzar con éxito es central tener una real apertura a negociar por parte del ejecutivo, en la idea de retomar la llamada política de los acuerdos, donde por definición ninguna de las partes se sentirá plenamente representada con el resultado.