Transparencia y funcionarios públicos

Los funcionarios públicos tienen un rol clave en la implementación de una cultura de la transparencia en el país. En la práctica, el ejercicio de este derecho ciudadano se materializa ante éstos, que pueden ser facilitadores o una barrera de acceso a la información pública. Por ello, la importancia del primer Estudio Nacional de Funcionarios Públicos, elaborado por el Consejo para la Transparencia.



Esta inédita investigación estuvo orientada a recabar la opinión, la valoración y el conocimiento que tienen los funcionarios públicos del gobierno central y los municipios, incluyendo directivos, profesionales y administrativos, sobre el uso de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública.

Sus principales conclusiones apuntan a que tienen una alta valoración de la transparencia. Mayoritariamente, reconocen que los beneficios que aporta la Ley de Transparencia son superiores a cualquier costo de tiempo, trabajo, recursos o incluso a los riesgos que implica su puesta en marcha y consideran que la transparencia es el tema más importante en la modernización del Estado.

Si bien declaran conocer la ley, llama la atención el bajo conocimiento en torno a los mecanismos concretos para acceder a la información del Estado, esto es, la Transparencia Activa, el procedimiento de solicitudes de acceso a la información, así como la posibilidad de formular reclamos y amparos ante el Consejo para la Transparencia.

Desde una óptica más general, los funcionarios perciben la desconfianza ciudadana, considerando que la relación Estado – Ciudadano está marcada por el antagonismo y la distancia, lo que redunda en una opinión negativa de la ciudadanía que, a su juicio, los ve como burocráticos, envueltos en una cultura del secretismo, que discriminan y son corruptos.

Con todo, los funcionarios públicos identifican a las personas como su principal mandante, muy por sobre sus jefes y el gobierno, y consideran que la transparencia contribuye al acercamiento entre ciudadanos y organismos públicos y al fortalecimiento de su rol de servidores.

En suma, los resultados de este estudio le plantean a este Consejo, y a los restantes actores en la implementación de la política de Transparencia, desafíos en el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones públicas que, en nuestro ámbito de acción, seguiremos abordando, a través de la educación en terreno en todas las regiones del país y a distancia.

Las herramientas que la institución ha diseñado y potenciado para avanzar en el conocimiento e implementación de la ley, son principalmente nuestra plataforma educativa www.educatransparencia.cl, la cual dispone mensualmente la realización de cursos en línea de manera gratuita y la difusión y aplicación de modelos preventivos de cumplimiento, como por ejemplo, el Modelo de Gestión de Transparencia Municipal (MGTM), este último consiste en la definición y ejecución de procedimientos internos, además de roles y responsables de gestionar la transparencia.

Este modelo ha sido construido por el Consejo en conjunto con los municipios que a la fecha ya se ha implementado en más de 36 comunas.

Lo más interesante es que el Estudio Nacional de Funcionarios Públicos nos revela la alta valoración de éstos por la transparencia, su auto identificación como servidores de la comunidad, el reconocimiento de las personas como sus principales mandantes y la oportunidad de acercamiento con la ciudadanía y de fortalecimiento de su rol de servicio que advierten en la política de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Estas son, a nuestro juicio, buenas y auspiciosas noticias, ya que si somos capaces de generar y transferir conocimientos y herramientas a los funcionarios del Estado, su natural predisposición positiva hacia esta política pública derivará en que paulatinamente sean cada vez más actores facilitadores y coadyudantes en la propagación del derecho de acceso a la información pública.