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Un hito para la justicia tributaria y aduanera

Alejandro Micco subsecretario de Hacienda

Por: Alejandro Micco | Publicado: Miércoles 16 de agosto de 2017 a las 04:00 hrs.
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Se ha cumplido un hito clave para la justicia tributaria y aduanera. El proyecto que fortalece su institucionalidad fue aprobado en el Congreso luego de 2 años y medio de tramitación y un interés especial del Ministerio de Hacienda por mejorar los procedimientos e impulsar nuevas materias que otorguen a los contribuyentes mayor certeza jurídica y celeridad en el desarrollo de sus negocios.

Ya han pasado más de ocho años desde la publicación de la Ley N°20.322 que creó la nueva justicia tributaria y aduanera bajo la primera administración de la presidenta Michelle Bachelet. El gobierno de entonces comprendió la necesidad de tener una justicia especializada para una materia tan compleja. Dicho cuerpo legal creó 18 tribunales a lo largo del país y cuyo funcionamiento fue gradual, comenzando el año 2010 en las regiones del norte del país y finalizando el año 2013 con la implementación de los tribunales de las regiones de Valparaíso, de O’Higgins y Metropolitana.

Tras varios años de funcionamiento, se consideró relevante corregir ciertos procedimientos, lo que dio fruto a un proyecto de ley que integró las visiones del sector público, como el Servicio de Impuestos Internos (SII), Aduanas, Tesorería, jueces y funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros; y del sector privado, como el círculo legal de Icare, el Colegio de Abogados y el Instituto Chileno de Derecho Tributario, entre otros expertos e instituciones.

De esta forma, la nueva ley permite una distribución de causas equitativa entre los tribunales de la Región Metropolitana, a fin de mitigar la actual carga de trabajo y disminuir los tiempos de espera en la resolución de conflictos; establece la conciliación tributaria, que permitirá al Servicio de Impuestos Internos y a los contribuyentes poner término a los conflictos amparados en un acuerdo propuesto por el juez del tribunal; y genera otras instituciones de procedimiento general de reclamaciones, las cuales permitirán a las partes poder terminar los litigios en forma previa a la sentencia definitiva, ahorrando tiempo y recursos.

Adicionalmente, el proyecto genera una tramitación electrónica de las causas, permitiendo hacer las presentaciones vía remota desde cualquier parte del país; restablece las plantas de los tribunales rebajadas por la ley a fin de que los tribunales con mayor carga laboral tengan una dotación de personal suficiente en relación a los litigios que ellos conocen; y mejora las condiciones remuneratorias de los funcionarios, equiparándolas a las que perciben los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y Aduanas, fomentando la carrera funcionaria y la calidad en los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

La aprobación de la iniciativa constituye un paso importante para la justicia tributaria y aduanera, ya que no solo perfecciona la institucionalidad actual, sino que también es una muestra de cómo el sano debate entre el sector público y privado puede generar mejoras en la política pública que beneficie a todos los contribuyentes del país.

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